De todas formas, Gils Carbó aseguró que la Procuración General cuenta con "un mecanismo propio que pone a disposición esa información para cualquier interesado".En un oficio enviado este jueves a la Oficina Anticorrupción, la procuradora recordó que "las magistradas y los magistrados del MPF, según el principio de igualdad de trato que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (ley N°27148), deben ser sometidos a regímenes equivalentes al de juezas y jueces del Poder Judicial de la Nación en cuestiones de índole remuneratoria, patrimonial, previsional y tributaria, así como en cuanto a jerarquía, protocolo y trato".En ese sentido, Gils Carbó indicó que "el hecho de que el reglamento establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 9/2014 -recientemente rafiticada- no contemple la remisión a la Oficina Anticorrupción de las declaraciones juradas patrimoniales de los sujetos obligados para su publicación en su sitio web, es una circunstancia que, a la luz del principio señalado, veda a esta Procuración General la posibilidad de dispensar a los/as fiscales del Ministerio Público un trato distinto en este sentido".La procuradora señaló también que la OA debería cumplir con los "estándares de seguridad similares a los garantizados" por la Procuración para el manejo de esta información, aunque aclaró que esta dificultad "bien podría zanjarse mediante acciones interinstitucionales que homogenicen nuestros sistemas de protección y publicidad de datos".Según se informó a través del portal Fiscales, el sistema vigente en el Ministerio Público Fiscal permite a toda persona interesada en conocer la información pública sobre el patrimonio de los sujetos obligados (magistrados y funcionarios) acceder a esa información completando una solicitud a través del sitio web institucional. Fuente: Agencia de Noticias NA
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