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El día que un funcionario se negó a hablar con PRIMERA EDICIÓN y mandó a los periodistas a informarse por otros diarios

25 agosto, 2016

López Forastier negó y dijo que negará información a PRIMERA EDICIÓNEl ministro de Salud Pública, Antonio López Forastier, dijo ayer que no quiere atender a PRIMERA EDICIÓN porque el diario "se portó mal" con Salud Pública y que este medio deberá remitirse a El Territorio para conocer cualquier información relacionada a ese ministerio público."¿Qué quiere PRIMERA EDICIÓN, publicidad?", preguntó el ministro a los sorprendidos periodista y fotógrafo de este medio. "Yo le voy a dar la información sólo al diario El Territorio -reiteró- y si PRIMERA EDICIÓN quiere saber algo, que lea ese diario, que ahí está toda la información. Con ustedes solo me voy a manejar con partes oficiales de prensa" de ese ministerio, aseguró.El periodista preguntó a qué se debía esa determinación. El funcionario extrajo de su escritorio una fotocopia de una nota que este medio publicó el miércoles 21 de agosto, en la página 4, titulada "Del todo y la nada" y que hace referencia a la "aparente despreocupación" con que el Ministerio se manejó frente a los casos de meningitis registrados en la provincia. La fotocopia estaba marcada con un resaltador amarillo en los párrafos que al funcionario no le gustaron."Llamamos a conferencia de prensa y PRIMERA EDICIÓN llega tarde o no viene, así que si quieren saber algo, ya saben, pueden leerlo en El Territorio", repitió una vez más, antes de asegurar que "hasta que el periodista que escribió esa nota no venga a hablar conmigo, no hay más información para tu diario".Negar información no es saludableQue un ciudadano asuma un cargo importante en el organigrama estatal provincial sería, idealmente, constituirse en el máximo conocedor de la problemática del área que le ha sido confiada, no sólo en lo específico de la función sino también en la futura relación con el resto de la comunidad, sus superiores, sus subalternos. Y con los medios de prensa que difundirán sus aciertos o criticarán sus errores, lógica actitud en un país democrático que sostiene entre los principios de esa forma de gobierno un pilar fundamental: la libertad de prensa y expresión. Sustentar esa libertad se hace harto difícil. Sobre todo cuando se intenta minimizar situaciones o cuando el individuo llevado a la función se atribuye el juzgamiento de las metodologías periodísticas, haciendo consecuente uso de cierta nociva soberbia que desde el llano no pudo ejercitar. Proceden así funcionarios que se sienten dueños de la verdad preconizando que "su" verdad es la única y auténtica. O los que tienen a su lado subalternos que no compatibilizan valores y pautas informativas, pero sí acatan órdenes del superior para actuar en consonancia con él. Con semejante equipo se distorsiona, tergiversa, elude, desaprueba y hasta se niega a los medios -determinados medios- la información veraz.Cuando la noticia debe ser previamente consultada a los responsables, personas que admitirán o negarán los dichos del superior de acuerdo a su propia vision o necesidades o internas, los dimes y diretes causarán la ira del mandamás que, para esquivar el bulto, apelará a acusar, defenestrar, insultar a los medios. Cuando eso ocurre siempre paga los platos rotos el periodista que decidió efectuar un seguimiento exhaustivo de la noticia consultando fuentes responsables y, como reflejo, el medio en que trabaja. Existe en la Argentina el derecho a réplica. Acogerse a él es tan simple como dirigirse al medio "acusador" o equivocado y solicitar la rectificación de lo anunciado. Ampararse en él es la forma más civilizada dentro de lo que pueda constituir una polémica: su uso es gratuito y sin demasiados trámites. También es imprescindible que el funcionario "afectado" conozca otra ineludible obligación con respecto a su cargo: hacer docencia. Hay temas que son enfocados por primera vez por cronistas a los que los especialistas de los organismos deben orientar objetivamente para que elaboraren sus notas bien asesorados, hecho que ocurre en escasísimas ocasiones. Pero sí pasa con asiduidad que funcionarios que consideran que sus mínimas acciones de gobierno deben redituarles éxito político en vez de pensar que "obras son amores" y que desde sus cargos deben conducirse hacia "hechos positivos son obligatorios", por haberse depositado la confianza del pueblo en ellos. Se exasperan cuando se les señala indiferencia, ineptitud o simplemente alegre despreocupación y aun incapacidad ante ciertos problemas.Hasta aquí todo sería saludable si se insertara como variante del disenso democrático o el debate constructivo, en el que la autoridad no debe iniciar o continuar bizantinas controversias, sino realizar aportes clarificativos. Si el resultado es desfavorable para los circunstanciales funcionarios, nunca su actitud deberá materializarse en la negativa de informar a un medio, como escarmiento por decir lo que no agrada al burócrata. Y menos castigar ordenando que las informaciones negadas sean obtenidas en un medio colega, ni presumir que el otro medio "busca rédito publicitario". En síntesis, negar información, sobre todo en ciertos ámbitos, no es "saludable". Primero, porque los lectores, tanto del medio castigado como del enzalsado, no adolecen de capacidad de dilucidación ante casos como el que se desarrolla.Segundo, constitucionalmente, negar o discriminar la información no es precisamente una de las prerrogativas que se asignan a los funcionarios. Tercero, ante la negativa de brindar información oficial se cae en la necesidad de recurrir al informante oficioso, sistema lamentable pero recurrente ante la situación, y conducente sí, a verdaderos errores deletéreos. Cuarto, porque la soberbia en los funcionarios legítimos o de facto sólo conduce a desagradables, calamitosos resultados.Quinto, porque cuando en una ciudad donde todos los vecinos se conocen hasta por el sobrenombre familiar, donde las noticias dejan de ser rumores a pocos minutos de haberse generado, donde no existe una despiadada guerra de medios como en las grandes capitales, ocultar, discriminar, falsear, tergiversar, en suma negar caprichosamente una información a un medio en beneficio de otro, puede pasar muy rápidamente de muestra de soberbia a un peligroso y raudo desliz entre el temor a la verdad, la incoherencia y hasta el ridículo.

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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