El Colegio de Abogados de Misiones solicitó a la Legislatura que incorpore audiencias públicas previas al análisis de los pliegos de los propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar las dos vacantes existentes en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).La Cámara de Diputados deberá dar el acuerdo parlamentario al nombramiento de Rosana Pia Venchiarutti de Sartori y Cristian Marcelo Benítez, los elegidos por el gobernador Hugo Passalacqua para ambos cargos, en un proceso que en la actualidad no contempla la participación ciudadana previa para conocer los antecedentes de los postulados y realizar las objeciones, en caso de que existan. Según la nota formal ingresada a Mesa de Entradas de la Cámara el pasado 30 de mayo, “opinamos que sería un acto oportuno permitir que quienes vayan a ostentar tan digno cargo de la Magistratura Provincial, puedan presentar sus antecedentes y proyectos en el Poder Judicial mediante la instancia de celebración de Audiencias Públicas”. En este sentido, “entendemos que tanto la propuesta del Poder Ejecutivo como su aprobación por el Poder Legislativo, siendo facultades reconocidas constitucionalmente, no se ven morigeradas ni tergiversadas por la circunstancia de que los postulantes puedan ser conocidos por la sociedad mediante esta instancia democrática y participativa”, refirieron desde la Comisión Directiva del Colegio. Y recordaron que el expresidente Néstor Kirchner, en el año 2003, se autolimitó en sus funciones mediante el Decreto 222 del mismo año para permitir que se instauraran audiencias públicas previas a las designaciones en la Corte Suprema, “permitiendo la participación ciudadana en un proceso ético y propio de la República para legitimar a quienes ocuparán el más alto cargo en el Poder Judicial”. Tras el escándalo SantiagoLa discusión sobre la necesidad de revisar el procedimiento por el cual el titular del Ejecutivo nombra a los miembros del STJ misionero surgió con fuerza tras el escándalo del abogado Sergio César Santiago, quien era ministro del alto cuerpo y a la vez cobraba honorarios en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mediante un contrato con Oscar Thomas. Tras el bochorno, el magistrado -electo como tal durante el gobierno de la Renovación- tuvo que renunciar a su cargo el STJ el pasado 5 de febrero. Otras propuestas en análisisEl diputado radical Germán Bordón había presentado a principios de mayo un proyecto de Resolución que modifica el Reglamento de Cámara en el punto en el que establece cuál será el trámite parlamentario para prestar acuerdo a la designación de nuevos integrantes del máximo órgano judicial. La iniciativa promueve incorporar las audiencias públicas, garantizando así “transparencia y participación ciudadana en el proceso”. “El procedimiento de audiencia pública para el otorgamiento de acuerdos legislativos para el nombramiento de magistrados y funcionarios regulado por los artículos 47 y 70 bis del Reglamento de la Cámara, no comprende a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, al procurador general ni al fiscal de Estado. Es una excepción que no contribuye al principio de publicidad que debe enmarcar a todos los actos de un gobierno genuinamente republicano”, señaló Bordón al proponer la modificación de ambos artículos. A la fecha el proyecto no obtuvo dictamen.
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