EL SOBERBIO. Una familia de empresarios de esta localidad acusa al intendente Juan Carlos “Jair” Pereira de hostigarlos con supuestas deudas y complicarle su desempeño empresarial. Francisco Lovera, dueño de una emisora de radio evangélica, contó que hace unos días llegaron inspectores municipales con la orden de clausurarla “por ser deudor del Municipio”, pero el hombre aclaró que es la Comuna la que le debe “porque yo tenía un supermercado y el anterior intendente, Alberto ‘Coleco’ Krysvzuk, y el actual (Pereira) me mandaban órdenes de compra y yo les daba porque de una u otra manera arreglábamos”.“Yo puse un abogado y le di todos los comprobantes de compras que superan el importe que dicen que debo para que se ocupe del tema”, contó el hombre, quien se mostró defraudado ya que “le ayudé a llegar hasta donde está” a Pereira, según aseguró.Por su parte, Alejandro Lovera (hijo de Francisco) es dueño de una empresa de movimientos de suelo y contó que el 26 de mayo pasado los inspectores municipales lo obligaron a parar un trabajo que estaba realizando con sus maquinarias en un predio privado porque no cumplían con los requisitos de una ordenanza que había sido aprobada seis días antes.“Yo no conocía la ordenanza (…), creí que era una tomada de pelo, en una hora hice la habilitación y continué trabajando” dijo, pero resulta que después “me di cuenta que era una persecución hacia mi persona y que busca ensuciar mi nombre”, porque después el intendente “fue a una radio local y dijo que yo no pago impuestos”.“Yo le pedí que se retracte y me aseguró personalmente que lo iba a hacer en su programa ese mediodía. Lo que hizo fue pasar la grabación de la otra vez donde me acusaba de evadir impuestos”, remarcó. Alejandro fue más allá y aseguró que “el intendente y el Concejo Deliberante con esa ordenanza me quieren perjudicar porque en el tercer párrafo indica que ‘las empresas de movimientos de suelo tienen terminantemente prohibido realizar trabajos en caminos, arroyos y terrenos pertenecientes al ejido municipal sin la explícita autorización del Poder Ejecutivo y posterior auditoría de la Dirección de Obras Públicas”.“Yo tuve que suspender trabajos programados en la colonia. La Municipalidad no puede arreglar todos los caminos terrados porque no tiene suficientes máquinas viales. Creo que el Municipio no tiene que prohibir hacer ese tipo de trabajos porque favorecen a su administración”, finalizó.Los dos aseguraron que no tienen intenciones políticas para el futuro, y por tal motivo, no entienden los argumentos de esta actitud.
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