Legisladores y exfiscales cuestionaron el Jury

BUENOS AIRES (DyN). Legisladores, exfiscales e integrantes del Consejo de la Magistratura cuestionaron al jury de enjuiciamiento que analiza el desplazamiento del fiscal José María Campagnoli, advirtieron que la mayoría “tiene afinidades con el Gobierno” y afirmaron que el proceso “es una represalia ideológica”.   El diputado radical Manuel Garrido dijo que “está claro que detrás de este jury hay otra cosa, la represalia por haber actuado en manera proactiva en un tema contra el Gobierno”. El legislador nacional sostuvo que con el enjuiciamiento del fiscal “le dan un mensaje a otros” y explicó que “con esto advierten a los miembros de la justicia para que miren para otro lado”.  “Detrás de esto hay una cuestión de persecución ideológica contra Campagnoli, lo que es inapropiado”, sostuvo el diputado y consideró que “es inexplicable que se lleve adelante este jury”. Garrido dijo a radio FM Latina que “están tratando de encontrar errores” y manifestó que “es claro que el fundamento no pasa por una cuestión técnica, sino por motivos indefendibles”. “Es una represalia ideológica”, afirmó el diputado y sostuvo que “la mayoría de los integrantes del jury tiene afinidades con el Gobierno”.   En ese sentido, expresó que “hay una composición afín al Gobierno, representantes del Senado, el del Ejecutivo, el del Ministerio Público. Se supone que los sortean pero da la casualidad que el que resultó sorteado es afín al Ministerio Público”.   Campagnoli está sometido a un jury por “mal desempeño” bajo la imputación de haber alterado el objeto procesal de una causa por extorsión al financista Federico Elaskar para la venta de la Financiera SGI.   Según la acusación, Campagnoli habría forzado la investigación para enfocarla en el empresario kirchnerista Lázaro Báez, en un expediente en el que no tenía competencia.   El abogado y exfiscal general de la Procuración Maximiliano Rusconi llamó  a la “reflexión” a los integrantes del jury que analiza el desplazamiento de Campagnoli y consideró que el funcionario judicial es “víctima de una persecución institucional”.