POSADAS. Los vecinos que se vienen manifestando en Candelaria contra el cobro del boleto a $9 para llegar a la capital provincial, ahora decidieron ir a la justicia contra las empresas del Grupo Z.Reunidos ayer hasta el mediodía, definiendo los pasos a seguir para frenar el doble boletazo, determinaron volver a la ruta nacional 12 en la mañana del lunes, esta vez “por tiempo indeterminado”.Durante el fin de semana, las empresas de Zbikoski mantuvieron la tarifa más cara, similar a un pasaje de media distancia con o sin tarjeta SUBE, según denunciaron los vecinos ayer.La medida de protesta coincidirá con la planificada por la multisectorial contra el boletazo que conforman entidades gremiales, sociales con apoyo de la Iglesia Católica. Será en la Estación de Transferencia de Miguel Lanús, donde habrá una volanteada informativa del aumento a partir de las 10 horas.“Nos sentimos damnificados”Norma Mandar, una de las vecinas de Candelaria, explicó ayer tras la reunión que irán a la Justicia. “Estamos juntando las firmas de todos los vecinos y el lunes a primera hora, haremos la presentación judicial formal. Vamos a pedir ajustarnos a derecho según la Constitución Nacional en su artículo 42. Es una acción de usuarios que nos sentimos totalmente damnificados, agraviados por expresiones del empresario en cuestión y por un encadenamiento de aumentos del boleto urbano y que además no tenemos un servicio de transporte con servicios que no estan prestando”, detalló a PRIMERA EDICIÓN. Además confirmó que “a partir del lunes, si no hay respuestas en el diálogo hasta el domingo, estaremos en la ruta por tiempo indeterminado, hasta que haya una solución o una respuesta. Y no solo de la empresa, sino también del Estado provincial también”.En la reunión se ratificó el reclamo por la instalación de una oficina de registro como puestos de recarga de la tarjeta SUBE que aun no se encuentran en Candelaria.Y realizarán las averiguaciones “pertinentes y legales” para saber si es posible contar con otro servicio local e interurbano ante el descontento con el grupo Z.¿Qué dice el artículo 42?Tras la reforma del 94, el texto constitucional estableció: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. Denuncia penalCon la firma de Orlando Prestes, por la Fundación Defensora de Derechos Humanos “Germania” (vinculada al Jefe de Gabinete provincial Ricardo “Pelito” Escobar), acompañado por una treintena de comisiones vecinales y entidades posadeñas, se presentó ante el juez de Instrucción Penal Marcelo Cardozo, una denuncia para que se investigue si hubo “incumplimiento en los deberes de funcionario público, exacciones legales, abuso de autoridad, encubrimiento”, en el accionar de funcionarios municipales que firmaron el último boletazo.Entre los fundamentos de la presentación legal que deberá decidir el magistrado y el fiscal en turno si se instruye la investigación; las ONG y asociaciones denuncian la mala calidad en las prestaciones del servicio de transporte urbano: “No se ajusta a las condiciones previstas para la concesión del servicio consistente en procurar la consolidación de los traslados existentes atendiendo la necesidad del usuario; como así evitar cuestiones redundantes que afecten la estabilidad económica de las prestaciones preservando la seguridad del usuario”, aseguraron.Piden además un informe de la comuna posadeña respecto del aumento aprobado en el boleto “explicando los estudios de auditoría realizados para efectuar dicha medida que avalen el aumento”.
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