POSADAS. Con un solo proyecto de ley en el temario, sesionó ayer por segunda vez la Cámara de Representantes de Misiones. El tema puesto a debate en el recinto estuvo vinculado a la legislación electoral misionera.Se aprobó la aplicación del voto electrónico y se adecuaron algunos puntos de la Ley 4.080, que rige la actividad electoral en la provincia, especialmente en lo que respecta al uso del DNI tarjeta para votar y el nuevo padrón que implementará la Nación, que elimina el sellado del documento libreta a cambio de extender un comprobante de la emisión del sufragio.Al incorporar “la utilización de medios electrónicos para la emisión del sufragio y el escrutinio”, la nueva ley faculta al Tribunal Electoral de Misiones a establecer “sistemas que garanticen su transparencia y el acceso a la información técnica por parte de las fuerzas políticas intervinientes”. La aprobación de la norma fue seguida por miembros del Tribunal Electoral encabezados por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Rubén Uset.Cabe aclarar que la implementación del voto electrónico se irá concretando “de manera gradual y progresiva en distintas secciones, circuitos electorales o mesas”.Documentos habilitados A partir de la sanción de la norma propuesta por el presidente del cuerpo, Carlos Rovira, quedan habilitados todos los documentos de identidad emitidos por el Registro de las Personas.El elector deberá asistir con el último documento que haya sido entregado por el organismo, incluido el DNI formato tarjeta que no figuraba en la anterior legislación.Registro de tierrasEn otro orden, la Legislatura aprobó tratar con preferencia un proyecto de Registro de Propietarios de tierras privados y fiscales de autoría de Héctor Bárbaro. El legislador cuestionó que el gobernador Maurice Closs haya realizado “un anuncio el 1 de mayo del envío del mismo, cuando hace cinco años que el proyecto espera a ser tratado en ésta Cámara”. Aprovechó la presencia del ministro de Gobierno, Jorge Franco, junto al jefe de Policía, para ratificar las críticas al operativo de desalojo de unas 26 familias de Puente Alto y La Colorada, para contar luego el principio de acuerdo al que se arribó para relocalizarlas un mes después del violento hecho.
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