La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con modificaciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lo devolvió al Senado, al incorporar un capítulo que busca restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión representa un cambio significativo respecto de la política de desregulación que había impulsado el Gobierno de Javier Milei al comienzo de su gestión, cuando mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
La modificación incorporada en Diputados apunta precisamente a revertir esa decisión y restituir las limitaciones sobre la titularidad extranjera de tierras rurales.
El proyecto, que ya había recibido media sanción del Senado en agosto, deberá regresar ahora a esa Cámara debido a los cambios introducidos durante su tratamiento legislativo.
Qué establece la Ley de Tierras que buscan restituir
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece restricciones a la adquisición y titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre sus principales disposiciones figura un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, porcentaje que también se aplica a cada provincia y a determinadas subdivisiones territoriales.
Asimismo, contempla límites a la concentración de superficies por titulares extranjeros y restricciones específicas para determinados inmuebles.
La finalidad de estas regulaciones es establecer controles sobre la propiedad de un recurso considerado estratégico, especialmente en regiones productivas, zonas fronterizas y territorios de relevancia ambiental.
El cambio que obligó a devolver el proyecto al Senado
La modificación surgió durante el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados. El diputado radical Diógenes González impulsó la incorporación de un capítulo con dos artículos destinados a recuperar la legislación sobre tierras rurales.
El primero propone dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional había dispuesto la derogación de la Ley de Tierras. El segundo establece la restitución de la plena vigencia de la Ley 26.737.
La incorporación consiguió respaldo en el dictamen de mayoría, aunque no eliminó las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del resto de la reforma.
Cambios en expropiaciones y desalojos
La iniciativa también introduce modificaciones en la legislación que regula las expropiaciones y los procedimientos vinculados con la recuperación de inmuebles.
El Gobierno sostiene que estos cambios permitirán fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios y establecer procedimientos más ágiles.
Desde sectores opositores, en cambio, se cuestionaron las modificaciones relacionadas con los desalojos y sus posibles consecuencias sobre los derechos de personas en situaciones de vulnerabilidad. Estas diferencias acompañaron el recorrido legislativo del proyecto desde su tratamiento inicial en el Senado.
Por qué la discusión también interesa a Misiones
La eventual restitución de la Ley de Tierras tiene especial relevancia para provincias como Misiones, donde conviven actividades agropecuarias y forestales, extensas áreas de conservación ambiental y una ubicación geográfica marcada por las fronteras internacionales.
El régimen establece controles sobre la titularidad extranjera de tierras rurales, aunque sus efectos concretos dependen de la situación de cada jurisdicción y de las superficies alcanzadas por las restricciones.
Por eso, uno de los aspectos a seguir será cómo se implementarán los controles y qué criterios se aplicarán a las operaciones inmobiliarias rurales.
El proyecto todavía no es ley
Pese a la aprobación en Diputados, la reforma aún no completó su recorrido legislativo. Al haber introducido modificaciones sobre el texto aprobado originalmente por el Senado, corresponde que la Cámara alta vuelva a intervenir.
Por lo tanto, la restitución legislativa de la Ley de Tierras todavía depende de la resolución de ese trámite parlamentario.
El resultado será determinante tanto para las disposiciones sobre propiedad rural como para el resto de los cambios previstos en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Fuente: parlamentario.com
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