Como todos los años en esta fecha, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza expone una deuda histórica que atraviesa administraciones y colores políticos. Ni el asistencialismo logró quebrar la reproducción de la miseria ni el ordenamiento fiscal consiguió traducir la estabilización macroeconómica en bienestar para las mayorías. Entre la retórica y las urgencias cotidianas, millones de argentinos continúan atrapados en la supervivencia.
La experiencia acumulada debería derribar dos simplificaciones peligrosas: creer que repartir asistencia equivale a resolver el problema, o suponer que bajar la inflación y ordenar las cuentas públicas alcanza para que el bienestar derrame por su propio peso. La ayuda estatal es indispensable ante la emergencia, pero no reemplaza un empleo digno, una escuela de calidad ni un sistema sanitario accesible. Del mismo modo, el superávit financiero es una condición necesaria, pero no alimenta por sí solo una mesa familiar ni paga alquileres.
La salida exige abandonar la falsa disyuntiva entre disciplina fiscal y gasto social. La Argentina requiere un Estado inteligente que ordene sus cuentas sin asfixiar la inversión, y que potencie la educación, el crédito productivo y a las pequeñas y medianas empresas. Sin la recuperación del empleo formal y de los ingresos, millones seguirán expuestos a los vaivenes de la crisis.
Erradicar la pobreza no significa prometer que nadie necesitará ayuda mañana, sino construir las condiciones para que cada vez menos personas dependan de ella para vivir. Un país no progresa únicamente cuando equilibra sus cuentas o mejora sus indicadores financieros, sino cuando sus habitantes pueden trabajar con dignidad y proyectar un futuro sin que la pobreza determine el límite de sus posibilidades.
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