El Ministerio de Salud de la Nación aprobó un plan para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, responsables de más de 105 mil muertes anuales en Argentina. La iniciativa contempla nuevas modalidades de seguimiento de pacientes, la reorganización de los servicios sanitarios y una mayor coordinación entre los distintos niveles de atención. Sin embargo, su implementación no contará con partidas presupuestarias adicionales, sino que deberá sostenerse mediante la reorganización de los recursos existentes.
La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 1445/2026, que aprueba el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030. El documento técnico que acompaña la norma desarrolla siete componentes de intervención, establece responsabilidades para Nación y las provincias y fija un cronograma de implementación y evaluación hasta el final de la década.
El punto de partida es un problema sanitario de gran magnitud. Según los datos oficiales, en 2024 se registraron 105.130 fallecimientos por causas cardiovasculares, equivalentes al 27,9% de todas las muertes del país y al 40,4% de las provocadas por enfermedades no transmisibles.
El diagnóstico también advierte sobre importantes desigualdades territoriales: al comparar las tasas de mortalidad cardiovascular ajustadas por edad, la jurisdicción con el indicador más elevado presenta un valor que casi quintuplica al de la jurisdicción con menor mortalidad.
Frente a ese escenario, el Gobierno propone modificar la forma en que se organizan la prevención, el diagnóstico y los tratamientos, con especial atención a las enfermedades que comparten factores de riesgo.
Atender al paciente y no solamente a cada enfermedad
Uno de los principales cambios conceptuales del plan consiste en abandonar el abordaje aislado de patologías que suelen presentarse simultáneamente. La estrategia incorpora el concepto de síndrome cardiorrenometabólico, que reconoce la estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y las alteraciones de la función renal.
En términos prácticos, esto significa que una persona con hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica no debería recibir únicamente tratamientos independientes para cada diagnóstico, sino contar con una evaluación integral de su riesgo y un seguimiento coordinado.
El documento reconoce que la atención fragmentada puede generar consultas repetidas, dificultades para coordinar especialidades, tratamientos complejos y problemas de adherencia a los medicamentos.
También identifica una debilidad del sistema sanitario: muchas personas desconocen que tienen hipertensión, diabetes, alteraciones del colesterol o enfermedad renal. Entre quienes reciben un diagnóstico, no todos acceden al tratamiento y una proporción todavía menor logra mantener sus indicadores dentro de los valores recomendados.
Por eso, el plan propone fortalecer la detección temprana en los centros de atención primaria, mejorar la continuidad de los controles y utilizar protocolos comunes para evaluar los riesgos. La población adulta será prioritaria para las intervenciones de diagnóstico y tratamiento, aunque las acciones de promoción de hábitos saludables también estarán dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
Centros de salud que funcionarán como nodos de atención vascular
Una de las herramientas previstas es la conformación de Nodos de Salud Vascular, que deberán funcionar mediante la adaptación o el fortalecimiento de establecimientos sanitarios existentes. La propuesta no consiste en construir necesariamente nuevos centros, sino en aprovechar la infraestructura disponible para organizar espacios de referencia territorial.
Estos nodos deberán articular controles de presión arterial, evaluación de factores de riesgo, asesoramiento nutricional, promoción de la actividad física, acompañamiento para dejar de fumar y seguimiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares.
También se contempla la rehabilitación cardiovascular, una etapa fundamental para las personas que atravesaron un infarto, una cirugía cardíaca u otras complicaciones que requieren recuperar capacidades físicas y reducir el riesgo de nuevos episodios.
Según el anexo, las prestaciones podrán desarrollarse de manera presencial, domiciliaria, comunitaria, híbrida o a distancia, dependiendo de las características y los recursos disponibles en cada territorio.
Los nodos deberán trabajar conectados con hospitales y servicios especializados, mediante circuitos de derivación y seguimiento que permitan evitar interrupciones en los tratamientos.
El plan establece, además, que la atención deberá contemplar las condiciones sociales y territoriales de los pacientes, incluyendo las dificultades de acceso a servicios sanitarios y a una alimentación adecuada. No obstante, la documentación oficial no identifica todavía cuántos nodos se implementarán, dónde estarán ubicados ni qué establecimientos de cada provincia serán incorporados.
Infartos y ACV: mejorar la respuesta en las primeras horas
La estrategia también busca fortalecer la atención de emergencias cardiovasculares, especialmente los infartos agudos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares (ACV). En estos episodios, el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas, la consulta médica, el diagnóstico y el inicio del tratamiento puede resultar determinante para la supervivencia y las secuelas posteriores.
Por ese motivo, el plan propone mejorar la articulación entre ambulancias, servicios de emergencia, centros de atención inicial y hospitales con capacidad para realizar procedimientos especializados.
Entre las herramientas contempladas aparece la utilización y ampliación de aplicaciones destinadas a coordinar la atención del ACV y del infarto, así como el fortalecimiento de los mecanismos de derivación entre establecimientos. La propuesta también incluye acciones para mejorar el reconocimiento temprano de los síntomas, la capacitación de los equipos de salud y la continuidad del seguimiento después de una internación.
El objetivo es que la respuesta sanitaria no dependa exclusivamente de la capacidad de un establecimiento aislado, sino del funcionamiento coordinado de toda la red asistencial.
La Nación fijará los lineamientos y las provincias deberán implementarlos
El anexo establece una distribución de responsabilidades que resulta central para comprender cómo funcionará el programa. El Ministerio de Salud de la Nación tendrá a su cargo la conducción técnica, la definición de estándares, los indicadores y la evaluación general, mientras que las jurisdicciones deberán adaptar e implementar las estrategias de acuerdo con sus capacidades y necesidades.
La coordinación federal se realizará mediante el Consejo Federal de Salud (COFESA) y los acuerdos que se establezcan con las autoridades sanitarias provinciales. En la práctica, esto significa que el alcance del plan dependerá tanto de las decisiones nacionales como de la capacidad de cada provincia para organizar sus centros de atención, hospitales, equipos profesionales y sistemas de información.
La estrategia también prevé articular acciones con obras sociales, PAMI y empresas de medicina prepaga para promover criterios comunes de atención y seguimiento.
El documento reconoce que existen diferencias importantes entre provincias, sectores del sistema sanitario y poblaciones urbanas y rurales.
En Misiones, la necesidad de mejorar los indicadores de salud cardiovascular tiene antecedentes concretos. PRIMERA EDICIÓN informó el pasado 9 de octubre que la provincia registró en 2024 una tasa ajustada de mortalidad cardiovascular de 271,7 fallecimientos cada 100.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 162,4.
Ese escenario otorga relevancia a los objetivos del nuevo plan, aunque todavía no se conocen acuerdos específicos de implementación, establecimientos seleccionados ni recursos destinados a la provincia.
El financiamiento se apoyará en el programa SUMAR+
Uno de los aspectos más importantes del anexo aparece en el apartado dedicado a los recursos y el presupuesto. Allí se establece que el Plan Nacional de Salud Vascular no implicará la asignación de partidas presupuestarias adicionales. En su lugar, el Gobierno propone reorganizar y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles en el sistema sanitario.
Una de las principales herramientas será la reformulación del nomenclador de prestaciones del programa SUMAR+, para incorporar progresivamente prácticas vinculadas con la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades vasculares. El mecanismo previsto contempla que la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles defina las líneas de atención prioritarias, que luego deberán traducirse en prestaciones concretas con requisitos de registro.
Posteriormente, SUMAR+ evaluará su incorporación al Plan de Servicios de Salud, mientras que los establecimientos deberán realizar las prácticas y registrarlas en los sistemas correspondientes. Ese registro servirá como respaldo para el reconocimiento y financiamiento de las prestaciones, conforme a los requisitos técnicos del programa.
Entre las intervenciones contempladas figuran la evaluación del riesgo cardiovascular, el control de la hipertensión y la diabetes, la detección de alteraciones renales y el seguimiento de pacientes con mayor riesgo de sufrir complicaciones. De esta manera, el plan pretende utilizar mecanismos de financiamiento ya existentes para sostener las nuevas líneas de atención.
Un cronograma con evaluaciones hasta 2030
A diferencia de otros documentos programáticos que se limitan a establecer objetivos generales, el anexo incorpora un cronograma de implementación y mecanismos de evaluación. Durante 2026 se prevé organizar las líneas de trabajo, definir indicadores y establecer las condiciones iniciales de implementación. En 2027 comenzaría una etapa de desarrollo de las intervenciones, seguida por un período de consolidación en 2028 y optimización durante 2029.
El último año estará destinado a evaluar los resultados y definir las prioridades para una nueva etapa.
El esquema contempla seguimientos operativos trimestrales, monitoreos semestrales e informes anuales de avance, además de una evaluación intermedia en 2028 y una evaluación final en 2030.
Los indicadores previstos incluyen variables vinculadas con la mortalidad cardiovascular, los años potenciales de vida perdidos, la detección de factores de riesgo, el acceso a tratamientos y la continuidad de la atención. La información deberá permitir identificar diferencias entre jurisdicciones y evaluar si las intervenciones logran mejorar los resultados sanitarios.
Sin embargo, el cumplimiento de ese cronograma dependerá de que las provincias y los establecimientos produzcan los datos necesarios y de que se sostengan los mecanismos de coordinación previstos.
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