Una denuncia puede detener una agresión, activar una medida judicial o permitir que una persona salga momentáneamente de una situación de riesgo. Sin embargo, cuando detrás de ese vínculo existe dependencia económica, hijos a cargo, falta de trabajo o ausencia de un lugar donde reconstruir la vida, la salida suele ser mucho más larga. Esa instancia posterior a la emergencia es la que Misiones busca volver a reforzar a través del Programa Acompañar, una herramienta nacional que combina apoyo económico con seguimiento integral para personas en situación de violencia de género.
La subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Sandra Galeano, confirmó que la Provincia retomó gestiones con la Nación y que ya recibió el pedido de conformar un equipo específico para acompañar y seguir los casos que eventualmente ingresen al programa.
“Estamos a mitad del camino. Nos han pedido que conformemos un equipo de acompañantes, de acompañamiento y seguimiento de los casos”, explicó durante una entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones. Según detalló, la propia Subsecretaría comenzó a reorganizarse internamente para poder implementar nuevamente la herramienta si finalmente avanza la articulación.
Galeano indicó que el contacto nacional llegó al ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien posteriormente trasladó las instrucciones a su área. Todavía no habló de una fecha concreta de puesta en marcha y reconoció que resta una definición para completar el proceso, aunque consideró importante que las conversaciones hayan avanzado hasta una instancia operativa.
“Ojalá pronto tengamos respuesta”, expresó.
El Programa Acompañar fue creado para fortalecer la autonomía de mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de riesgo por violencia de género. La normativa nacional actualmente vigente establece una prestación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil durante tres meses consecutivos y exige acreditar la situación mediante un informe social de un dispositivo oficial y una denuncia judicial o policial.
Para Galeano, la importancia de recuperar esa herramienta en Misiones se explica precisamente por lo que ocurre después de la intervención inicial. “Hoy por hoy lo que más cuesta es la autonomía de la mujer, la independencia y poder desarrollarse”, remarcó.
La funcionaria recordó que Acompañar ofrecía a muchas víctimas un margen para intentar construir un proyecto propio, continuar estudiando, aprender un oficio o generar ingresos que permitieran disminuir la dependencia respecto de la persona agresora. No se trata, en su mirada, únicamente de una asistencia económica puntual, sino de una herramienta vinculada con la posibilidad concreta de sostener una salida de la violencia.
“Daba la posibilidad a las víctimas de poder independizarse, poder terminar una carrera, poder adquirir un oficio. Daba oportunidades”, sostuvo.
Una problemática que no empieza ni termina con el golpe
El posible regreso del programa apareció en una entrevista atravesada por una definición más amplia de la violencia. Galeano insistió en que se trata de un fenómeno multicausal y multidimensional, en el que se entrecruzan condiciones individuales, familiares, culturales, económicas y sociales.
Para la funcionaria, además, todavía existe una tendencia a reconocer con mayor facilidad la violencia física mientras quedan menos visibles otras manifestaciones que también aparecen en los casos atendidos por los dispositivos provinciales.
“La violencia es una conducta aprendida”, planteó, y a partir de esa premisa sostuvo que las conductas violentas también pueden modificarse si quien las ejerce logra reconocerlas y pedir ayuda. Ese enfoque amplía el destinatario de las políticas de prevención: no solamente la persona que sufre violencia necesita asistencia. Galeano consideró que quien detecta en sí mismo comportamientos violentos también debería buscar intervención profesional antes de que esos patrones escalen.
La subsecretaria describió la problemática como una trama que atraviesa relaciones de pareja, familias y espacios comunitarios, sociales, políticos y culturales. Durante la charla con FM de las Misiones también se mencionaron situaciones de violencia en ámbitos educativos y la presencia creciente de expresiones agresivas en la conversación pública. Frente a ello, Galeano sostuvo que las autoridades tienen una responsabilidad especial. “Nosotros esperamos siempre de nuestras autoridades que den el ejemplo. En mi caso, como funcionaria, tengo que dar el ejemplo también”, señaló.
Desde esa perspectiva cuestionó políticas adoptadas por el Gobierno nacional en los últimos años y consideró que la retracción de determinados dispositivos dejó a muchas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso concreto de Acompañar, el programa no fue eliminado, pero sus condiciones fueron modificadas en 2024: la prestación pasó de seis a tres meses y se incorporó la exigencia de una denuncia judicial o policial para acceder.
Galeano contrapuso ese escenario con la estructura que Misiones mantiene a nivel provincial, integrada por líneas de emergencia, casas refugio, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y trabajo articulado con Policía, áreas de Familia y Género y municipios.
Femicidios e intentos: “Para nosotros es grave que exista uno o diez”
La conversación también llegó al escenario de violencia extrema y a los datos sobre femicidios e intentos de femicidio conocidos esta semana.
PRIMERA EDICIÓN publicó este jueves que, de acuerdo con el informe del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Casa del Encuentro, entre enero y septiembre Misiones registró cinco femicidios y casos vinculados y quince intentos, una relación de tres intentos por cada hecho consumado. A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 164 femicidios y vinculados frente a 401 intentos durante el mismo período.
Consultada sobre esos números, Galeano señaló que la Provincia trabaja con registros provenientes de la Policía y del Poder Judicial y que los casos deben analizarse también en relación con la población de cada jurisdicción. No precisó una cifra cerrada del registro oficial provincial y habló de “cinco o seis” casos al intentar recordarla, por lo que centró su respuesta en otro aspecto: la gravedad no disminuye porque el número absoluto sea menor que en otras provincias.
“No importa si son diez, quince o uno. Todos han vulnerado el derecho a la vida, que es fundamental. Para nosotros es grave que exista uno o diez”, expresó.
A partir de allí se refirió a las herramientas destinadas a intervenir antes de que la violencia alcance ese extremo: líneas telefónicas, presencia territorial, recepción de pedidos de ayuda, articulación policial y acompañamiento profesional. Uno de los termómetros de esa demanda es la Línea 137. Galeano informó que durante el último mes contabilizado recibieron 238 comunicaciones y que, aunque los registros fluctúan, perciben pequeños incrementos mensuales.
No todos los contactos corresponden a una emergencia inmediata. Algunas personas llaman para pedir asesoramiento, averiguar dónde realizar una denuncia, solicitar acompañamiento o consultar qué hacer frente a determinada situación. En otros casos existe un riesgo inminente que obliga a activar una respuesta urgente.
Cuando aparece una agresión física o una situación que puede comprometer la integridad de la persona, el equipo articula con el 911, que dispone de móviles policiales. La Subsecretaría cuenta además con una brigada móvil propia y trabaja en coordinación con la Línea 144, municipios y diferentes organismos provinciales.
Galeano remarcó que una misma persona puede comunicarse con más de una de esas líneas, por lo que no siempre es posible sumar los registros de manera directa sin que aparezcan duplicaciones.
La funcionaria también explicó que en las comisarías del interior y de Posadas existen efectivos preparados para asesorar y recibir denuncias, mientras la propia Subsecretaría atraviesa un proceso de capacitación con el objetivo de poder incorporar la toma de denuncias en sus oficinas. Ese esquema se completa con presencia territorial. En Posadas, afirmó, funcionan siete sedes distribuidas por zonas, pensadas para acercar los equipos a quienes necesitan acompañamiento y evitar que la distancia se convierta en otra barrera.
Villa Cabello y Santa Rita, entre los sectores con mayor demanda
Cuando se analiza de dónde provienen las consultas, Posadas aparece como la ciudad con mayor cantidad de pedidos, algo que Galeano vinculó principalmente con su densidad poblacional. Después mencionó a Eldorado entre los municipios con mayor demanda. Pero dentro de la capital provincial también existen diferencias.
A partir de los oficios, consultas y casos que llegan a la Subsecretaría, Galeano identificó a Villa Cabello y Santa Rita, además de otros sectores con grandes conglomerados poblacionales, entre las zonas donde se registran más llamados, pedidos de ayuda o personas que se acercan directamente en busca de asistencia.
La respuesta, explicó, es fortalecer los equipos cuando se observa una concentración determinada. En Eldorado esto implica reforzar el trabajo conjunto con el municipio; en Posadas, articular las siete sedes territoriales con las estructuras comunales y comunitarias.
En ese punto hizo especial hincapié en el papel del entorno: un vecino que escucha, detecta una situación y llama puede convertirse en parte de la red de prevención. “El involucramiento y el compromiso social en esta temática son fundamentales”, sostuvo.
“No hemos detectado llamadas falsas”
Al ser consultada acerca de si la Línea 137 atraviesa un problema similar al de otros números de emergencia, donde periódicamente se detectan llamados falsos, Galeano aseguró: “En nuestro caso no hemos detectado ningún tipo de llamada falsa”, y explicó que la posición inicial del dispositivo es asistir a quien comunica una situación de violencia.
“Si una mujer llama y pide hacer una denuncia o anuncia un hecho de violencia, se le cree. Después el Poder Judicial, el juez interviniente, verá qué veracidad tenía o no ese hecho”, indicó.
El acompañamiento no finaliza cuando termina la llamada. Galeano contó que existen personas que posteriormente llegan a las oficinas para continuar con asistencia profesional y otras que reciben apoyo psicológico de manera virtual cuando tienen dificultades para trasladarse.
Hombres y población LGBTQ+ también recurren al dispositivo
Otro punto que Galeano buscó dejar en claro es que la Línea 137 no funciona exclusivamente para mujeres. Entre quienes solicitan acompañamiento hay hombres y personas pertenecientes a la población LGBTQ+, aunque los varones representan una proporción menor dentro de las consultas.
La funcionaria vinculó esa diferencia con estereotipos culturales que pueden dificultar que un hombre se reconozca como víctima y solicite ayuda. “Al hombre le da vergüenza, tiene todos estos estereotipos que se han formado culturalmente. Entonces le cuesta pedir ayuda”, señaló.
Las consultas incluyen situaciones de violencia, hostigamiento y persecución, pero también otros conflictos familiares. La funcionaria contó que reciben hombres que piden asesoramiento ante exclusiones del hogar o dificultades relacionadas con la guarda provisoria de sus hijos. No todas esas situaciones son iguales ni responden a una misma causa, por lo que evitó simplificarlas bajo una única categoría y habló de “una complejidad de situaciones muy particulares” que requieren acompañamiento individual.
Niños víctimas y una pensión provincial
La intervención de la Subsecretaría también alcanza a niños y niñas víctimas de delitos contra la integridad sexual. Galeano destacó que en Misiones existe una pensión graciable provincial destinada a niños víctimas de esos delitos y sostuvo que se trata de una política diferencial respecto de otras jurisdicciones.
Según relató, la experiencia provincial fue presentada recientemente en Buenos Aires durante un encuentro en el que participaron UNICEF y organismos nacionales, donde representantes de Misiones integraron un panel para explicar las políticas de resguardo implementadas frente a situaciones de violencia.
Visibilizar y no “tapar bajo la alfombra”
Finalmente, la subsecretaria volvió sobre la idea de que la violencia no puede abordarse exclusivamente cuando aparece una emergencia y consideró indispensable trabajar sobre las conductas, las relaciones interpersonales y las condiciones sociales que pueden favorecer su reproducción. Mencionó consecuencias que van desde una exclusión del hogar hasta adicciones, ruptura de vínculos e incluso la muerte, y describió un entramado en el que la violencia puede aparecer como causa de nuevos problemas pero también como consecuencia de conflictos que nunca encontraron otra forma de resolución.
Por eso insistió en que las situaciones deben hacerse visibles y reclamó una participación activa de la comunidad.
Una de las formas de “deconstruir” la problemática, señaló, es “visibilizando, no tapando bajo la alfombra”. Y ese planteo incluye denunciar cuando corresponde, pedir ayuda siendo víctima y también hacerlo cuando una persona advierte que está ejerciendo violencia.
En ese entramado vuelve a cobrar sentido la gestión para recuperar Acompañar. Las líneas telefónicas pueden activar una intervención; una comisaría puede recibir una denuncia; un refugio puede brindar resguardo y una medida judicial puede poner distancia frente al agresor. Pero para muchas personas, la posibilidad de no regresar a esa situación depende también de contar con recursos para sostenerse después.
Es allí donde Galeano ubica hoy uno de los principales desafíos: lograr que la asistencia de emergencia pueda transformarse en autonomía. Misiones ya comenzó a preparar el equipo que la Nación le solicitó para esa tarea. Falta todavía completar el camino administrativo y definir cuándo podrá volver a implementarse el Programa Acompañar, pero para la Subsecretaría la necesidad que intenta cubrir continúa intacta.
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