La negociación salarial entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios volvió a terminar sin acuerdo este martes y las federaciones docentes confirmaron un paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre.
Durante la reunión paritaria, el Ejecutivo ofreció un aumento del 3% para septiembre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales al considerar que no contempla la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
La CONADU Histórica señaló al término del encuentro que la oferta oficial quedó muy lejos de la recomposición reclamada y calculó que los salarios requieren actualmente una recuperación del 31,2% sobre los valores de julio, a lo que debe incorporarse la inflación correspondiente a agosto.
El cálculo coincide con un informe difundido por esa federación antes de la paritaria, según el cual entre noviembre de 2023 y julio de este año la inflación acumulada llegó al 328,6%, mientras que los salarios universitarios aumentaron 226,8%. Como resultado, estimaron una pérdida del poder adquisitivo del 23,8% y una recomposición necesaria del 31,15% para regresar al nivel de compra previo.
La Ley de Financiamiento Universitario establece, en su artículo 5º, que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en un porcentaje no inferior al IPC del mismo período. También dispone que posteriormente las actualizaciones salariales mensuales no pueden ubicarse por debajo de la inflación informada por el INDEC.
“Hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir. Por eso vamos al paro: para defender nuestros salarios y exigir que se respete la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN.
El conflicto también avanza en la Justicia
La nueva medida de fuerza se produce además un día después de un nuevo revés judicial para el Gobierno.
Como informó PRIMERA EDICIÓN, el juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Ejecutivo para levantar la cautelar vinculada al financiamiento universitario al considerar que no logró demostrar que los acuerdos alcanzados hubieran revertido el deterioro de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo. El magistrado mantuvo vigente la medida y dio al Estado nacional tres días para informar, con documentación respaldatoria, qué grado de cumplimiento alcanzó.
La cautelar obliga a aplicar los artículos 5º y 6º de la Ley 27.795, referidos principalmente a la recomposición de los salarios universitarios y la actualización de las becas.
Qué había acordado el Gobierno en junio
El conflicto había tenido una instancia de negociación el pasado 10 de junio, cuando el Gobierno, los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional acordaron una actualización de la masa salarial del 24,33%: 21,33% en junio y otro 3% previsto para octubre.
También se establecieron un aumento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
El propio CIN sostuvo entonces que aquel entendimiento constituía un avance, aunque “de ninguna manera definitorio ni suficiente”, y mantuvo su reclamo por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras el fracaso de la negociación de este martes, las organizaciones sindicales anticiparon que continuarán coordinando nuevas medidas de fuerza, mientras comienza a tomar forma la posibilidad de una nueva movilización nacional.
El escenario podría definirse durante las actividades que reunirán esta semana a representantes de todo el sistema universitario en Bariloche. Según la agenda oficial, el 96º Plenario de Rectoras y Rectores del CIN se realizará el viernes 4 de septiembre, luego del Congreso Nacional de Innovación Universitaria que tendrá lugar miércoles y jueves. Uno de los principales temas del plenario será la elaboración del proyecto de presupuesto universitario para 2027.
Discussion about this post