Mientras las políticas públicas para prevenir la violencia de género se desmantelan y se acentúan con el Gobierno nacional actual y las organizaciones denuncian que la Justicia continúa sin brindar respuestas efectivas a muchas mujeres que ya habían pedido ayuda, la violencia aumenta y los femicidios suman cifras alarmante en todo la Argentina.
El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, informó que desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año se registraron 142 víctimas fatales de violencia de género en el país: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
En ese período, 155 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% son menores de edad. Además, el 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 69% de los crímenes ocurrió dentro de la vivienda de la mujer o en el domicilio compartido con el agresor.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, afirmó que el dato más preocupante no es únicamente la cantidad de femicidios, sino también el incremento de los intentos de asesinato registrados en todo el país.
“La violencia de género no se detiene, no tiene pausa. Nos preocupa fundamentalmente la cantidad no solo de femicidios, sino también de intentos de femicidios y de qué forma acompañar a estas mujeres y adolescentes en un país donde hay un desmantelamiento de las políticas públicas”, sostuvo.
El informe también contabilizó 300 tentativas de femicidio, casos que continúan bajo seguimiento. Según el relevamiento, el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa y nueve de los agresores tenían medidas cautelares vigentes, datos que, según la organización, evidencian fallas en la protección judicial.
Rico explicó que, además del retroceso en las políticas públicas, existe una dificultad creciente para registrar todos los casos. “Hoy monitoreamos únicamente lo que publican los medios de comunicación. Antes la agencia Télam tenía presencia en todo el país y permitía conocer incluso los casos ocurridos en zonas rurales. Esa información hoy está sesgada”, indicó.
En ese sentido, agregó que mientras se jugaba el Mundial 2026, “el país y los medios solo absorbieron noticias relacionadas con el Mundial durante un mes. Todo lo que era violencia de género, salvo casos excepcionales, no se publicaba”, señaló. Desde La Casa del Encuentro remarcaron que los eventos masivos deberían aprovecharse para difundir campañas de prevención dirigidas a mujeres, niñas, niños y diversidades, algo que consideran ausente en la actualidad.
“No faltan leyes, falta que se cumplan”
La presidenta de la asociación civil sostuvo que el principal problema no es la ausencia de normativa, sino la falta de aplicación de las herramientas ya existentes.
En ese marco mencionó especialmente la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009.
“Tenemos un Estado que niega que exista la violencia de género y, si se niega que exista, no se implementan políticas públicas para prevenirla. Cuando hablamos de femicidios ya es tarde; el trabajo tiene que estar puesto en la prevención”, afirmó.
También cuestionó la falta de implementación de la Ley Brisa, destinada a brindar asistencia económica y acompañamiento integral a hijos e hijas de víctimas de femicidio. “Desde 2024 no hay nuevas altas. Las familias presentan toda la documentación, pero la ley está paralizada”, aseguró.
Otro de los puntos señalados por Rico fue la diferencia entre las estadísticas oficiales y las elaboradas por organizaciones de la sociedad civil.
Explicó que muchos asesinatos de mujeres no son incorporados como femicidios porque las investigaciones judiciales no contemplan la perspectiva de género. “Si quien caratula el caso no tiene una perspectiva de género y una mirada integral, esos femicidios no integran la estadística oficial”, advirtió.
Rechazo al proyecto de ley sobre “falsas denuncias”
El próximo 6 de agosto, el Senado volverá a poner en discusión uno de los proyectos que más controversia generó en los últimos meses. Se trata de la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las penas para quienes realicen falsas denuncias ante la Justicia.
El delito de falsa denuncia a nivel general ya está contemplado en el artículo 245 del Código Penal, con prisión de dos meses a un año o una multa mínima. El proyecto de Losada busca elevar esa pena de uno a tres años de cárcel, y agrega una multa que no estaba en la versión original, equivalente a 75 salarios mínimos vitales y móviles (unos $ 27.930.000 a valores de julio).
En este marco, organizaciones de derechos humanos, observatorios y organizaciones de género rechazan el proyecto por considerarlo un retroceso que generaría miedo y desalentaría a las mujeres a denunciar situaciones de violencia por temor a ser criminalizadas.
Argumentan que las estadísticas oficiales muestran que las falsas denuncias en delitos sexuales o de género son un porcentaje mínimo, mientras que el problema principal sigue siendo el subregistro y las barreras de acceso a la justicia
Finalmente, Rico dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones de violencia. “Que busquen con quién hablarlo, que no se sientan solas. El silencio protege al agresor. Siempre va a haber un grupo de mujeres que pueda acompañarlas y asesorarlas para salir de la violencia. Nadie merece vivir una vida con violencia”, concluyó.
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