El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno nacional por la autorización, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, de ejercicios militares con participación de tropas de Estados Unidos en territorio argentino.
La presentación, patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, también alcanza al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
El planteo judicial apunta contra el DNU 264/2026, por el cual el Poder Ejecutivo autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar del ejercicio “Daga Atlántica”, previsto entre el 21 de abril y el 12 de junio de 2026 en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno, en la provincia de Buenos Aires.
Ese mismo decreto también autorizó la salida de fuerzas argentinas para participar del ejercicio “PASSEX”, en la Zona Económica Exclusiva argentina, entre el 26 y el 30 de abril, junto a medios navales de Estados Unidos.
Según la denuncia de Marino, más de 350 efectivos militares estadounidenses participaron durante 42 días de los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, con intervención del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz. El legislador también señaló que el buque ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina y recordó que el propio Milei aterrizó sobre su cubierta, donde firmó una bandera argentina.
El eje de la presentación es constitucional. Marino sostiene que el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales fuera del país. Ese inciso establece expresamente que corresponde al Congreso “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.
Además, la denuncia invoca la Ley 25.880, que fija el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso la autorización para el ingreso de personal militar extranjero o el egreso de fuerzas nacionales. Esa norma fue sancionada justamente para reglamentar el mecanismo previsto en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución.
A partir de ese encuadre, Marino pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria. La figura más grave fue planteada por el denunciante en el marco de su interpretación política y jurídica sobre la autorización de maniobras militares sin aval legislativo.
En su presentación, el diputado opositor también vinculó el caso con el alineamiento internacional del Gobierno nacional con Estados Unidos. Según Marino, los ejercicios se dieron en el contexto de la política exterior de Donald Trump y de la guerra de Israel contra Irán, además de las amenazas de agresión militar contra Cuba atribuidas al gobierno estadounidense.
“Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional”, sostuvo Marino. También afirmó que Milei está “subordinando a las Fuerzas Armadas argentinas” al plan estratégico de Estados Unidos en la región.
Desde el punto de vista del Gobierno, el DNU 264/2026 argumentó que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso un proyecto para autorizar ejercicios combinados entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, pero que el tratamiento legislativo no se había completado. En los fundamentos del decreto, la Casa Rosada sostuvo que la situación hacía “imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
La causa judicial recién comienza y deberá determinar si la autorización por decreto encuadra dentro de las atribuciones excepcionales del Poder Ejecutivo o si, como plantea la denuncia, avanzó sobre una competencia reservada al Congreso. Mientras tanto, el caso abrió una nueva discusión institucional sobre los límites del uso de los DNU en materia militar, defensa nacional y política exterior.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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