La crisis que atraviesa la producción yerbatera continúa sumando respaldos institucionales. En las últimas horas, concejales de Oberá firmaron una carta pública de apoyo a las organizaciones de productores que impulsan en la Justicia una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, norma que eliminó facultades clave de regulación dentro de la actividad.
En el texto, los ediles sostienen que la situación que atraviesa el sector productor yerbatero requiere una atención especial por tratarse de una actividad estratégica para la economía y el entramado social de Misiones. Por ese motivo, manifestaron su acompañamiento a las acciones judiciales promovidas por distintas organizaciones de productores ante los tribunales federales. Según expresa el documento, el objetivo de las demandas es restablecer condiciones de equidad y sostenibilidad dentro de la cadena productiva, luego de que la desregulación impulsada por el Gobierno nacional modificara el funcionamiento histórico del mercado yerbatero.
Los concejales señalaron que la relevancia de la causa radica en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores y las familias que dependen de la producción de yerba mate. En ese sentido, remarcaron que el sector constituye uno de los pilares económicos y sociales de la provincia.
El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente conflictividad entre productores, secaderos e industrias. Desde fines de 2023, las entidades yerbateras vienen denunciando una fuerte caída en el precio de la hoja verde y la pérdida de herramientas de regulación luego de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, que limitó funciones históricas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La discusión gira principalmente en torno a la eliminación de los mecanismos de fijación de precios, una herramienta que durante años funcionó como referencia para la actividad. Los productores sostienen que la desregulación profundizó las asimetrías dentro de la cadena y debilitó su capacidad de negociación frente a los sectores más concentrados. En la carta, los concejales consideran que el Poder Judicial debe analizar la cuestión teniendo en cuenta su trascendencia institucional y colectiva, dado el impacto económico que la actividad tiene sobre miles de familias misioneras.
El documento lleva las firmas de los concejales Marcelo Sedoff, María Luisa Glum, Pablo Ullón y Verónica Noguera.
El respaldo político de los ediles obereños se suma a otros pronunciamientos que se vienen registrando en distintos puntos de la provincia, mientras continúa el reclamo de los productores para que se restituyan herramientas de regulación que, según sostienen, permitan recuperar condiciones mínimas de equilibrio dentro del mercado yerbatero.
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