El plan oficial para desmantelar la estructura estatal en las rutas nacionales dio este viernes su paso más concreto. A través de la Resolución 706/2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó la adjudicación de la segunda etapa de la “Red Federal de Concesiones”, entregando a manos privadas la operación, mantenimiento y obras de los corredores que hasta ahora gestionaba la estatal Corredores Viales SA.
La medida, que se ampara en la Ley Bases (27.742) y el decreto de privatización de febrero de 2025, divide el mapa en dos grandes bloques de negocios con tarifas base que ya marcan el termómetro de lo que vendrá para los usuarios.
Los ganadores
La licitación, que movilizó a los principales jugadores de la Cámara Argentina de la Construcción, terminó favoreciendo a dos ofertas que el Gobierno consideró “económicamente más convenientes”:
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Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur: Quedó en manos de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA.
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La tarifa ofertada: $997 (sin IVA).
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Plazo: 20 años.
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Este corredor es vital por su conexión con los puertos y el flujo turístico hacia la Costa Atlántica.
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Tramo Pampa: Fue adjudicado a la firma Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA).
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La tarifa ofertada: $2.355,37 (sin IVA).
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Plazo: 20 años.
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Se trata de un tramo con mayor costo operativo y logístico, lo que explica la diferencia sustancial en la oferta tarifaria base.
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El proceso no estuvo exento de tensiones. El Ministerio de Economía desestimó ofertas de pesos pesados del sector. Entre los que no pasaron el corte de admisibilidad o quedaron relegados en el orden de mérito aparecen nombres como Benito Roggio e Hijos, José J. Chediack, Panedile, y hasta la empresa de Cristóbal López, CPC SA, que quedó quinta en el orden de mérito para el tramo Sur.
Incluso Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) intentó quedarse con el Tramo Sur, pero su oferta fue desestimada, perdiendo incluso la garantía de impugnación en el camino.
Más allá de las cifras, el corazón de la resolución es el cambio de paradigma. El Estado ya no solo concesiona el cobro, sino que delega la “construcción, reparación, ampliación y conservación”.
El esquema de “Red Federal de Concesiones – Etapa II” busca que los privados se financien con la tarifa para realizar las obras que el Tesoro Nacional ya no está dispuesto a costear. Sin embargo, el artículo 1° de la resolución deja la puerta abierta a un negocio adicional: autoriza a las empresas a realizar “nuevas explotaciones complementarias” para obtener ingresos extra.
