La Cámara de Representantes de Misiones dio ayer el primer paso formal hacia la discusión de una ley de “Ficha Limpia”. En la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzaron a analizarse dos proyectos que buscan establecer impedimentos para acceder a cargos electivos provinciales y municipales, uno impulsado por el diputado Adrián Núñez, de La Libertad Avanza, y otro presentado por Carlos Rovira, del bloque Encuentro Misionero.
Si bien las propuestas tienen diferencias de fondo, en el debate hubo coincidencias respecto a la necesidad de avanzar con una norma que eleve los estándares de transparencia e idoneidad para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. Incluso, durante la reunión se deslizó la posibilidad de trabajar en un texto unificado.
La iniciativa de Núñez apunta a impedir candidaturas de personas condenadas por delitos graves contra la administración pública, la integridad sexual, las personas, la libertad y la seguridad de la Nación, entre otros. El proyecto establece que la inhabilitación se aplicará desde una sentencia condenatoria de segunda instancia y durante el tiempo que dure la condena.
El legislador libertario centró buena parte de su exposición en el principio de inocencia y en la necesidad de respetar estándares constitucionales e internacionales. “Una ley que sanciona al inocente no es una ley de transparencia, es una herramienta de persecución”, sostuvo durante el debate. También defendió el criterio del “doble conforme” para considerar válida una condena y afirmó que la propuesta busca “una ley hecha en serio que pueda ser sancionada por unanimidad”.
Argumentó además que el proyecto fue diseñado en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con fallos de la Corte Interamericana. “El derecho al recurso no es un trámite, sino una garantía sustancial”, remarcó.
Alternativa más rigurosa
Del otro lado, el proyecto impulsado por Rovira exhibe un alcance mucho más amplio y riguroso. Además de incluir condenas por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el ambiente, la fe pública, la propiedad o el maltrato animal, incorpora impedimentos vinculados a deudas alimentarias, deudas fiscales, antecedentes contravencionales y de tránsito, e incluso exige certificados toxicológicos integrales para oficializar candidaturas. La propuesta también establece que podrán quedar inhabilitados candidatos con condenas no firmes e incorpora causales automáticas para personas con requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por ciberdelitos. Asimismo, habilita la participación ciudadana para impugnar candidaturas y fija responsabilidades directas para partidos y frentes electorales.
Durante la discusión, la diputada Anazul Centeno defendió el espíritu amplio del proyecto de Encuentro Misionero. “Para nosotros el proyecto tiene que ser muchísimo menos reduccionista respecto del concepto de idoneidad”, afirmó. Y agregó que existen “conductas que evidencian un desprecio claro a la ley” y que también deben ser consideradas al momento de evaluar candidaturas.
Centeno destacó especialmente la inclusión de deudores alimentarios morosos y la posibilidad de participación ciudadana en las impugnaciones. “Cualquier ciudadano puede poner en conocimiento del Tribunal Electoral el incumplimiento de los requisitos”, explicó.
En la misma línea, el diputado Horacio Martínez consideró que limitar la discusión únicamente a condenas penales “deja fuera un universo de situaciones que hacen a la integridad de quienes quieren ser candidatos”. Para el legislador, la sociedad “demanda estándares más altos” y por eso defendió que también se contemplen sanciones administrativas, civiles y contravencionales.
Martínez también marcó una diferencia con el proyecto libertario respecto de la autoridad de aplicación. “Nuestra propuesta es clarita en ratificar la competencia del Tribunal Electoral provincial”, sostuvo, y advirtió que poner en duda la objetividad de ese organismo “es poner en riesgo las instituciones provinciales”.
Por su parte, la diputada Blanca Núñez destacó que la iniciativa de Encuentro Misionero es “la más amplia y completa” y defendió la validez de las instituciones provinciales para controlar antecedentes y certificaciones.
Desde el bloque Vida y Valores, Walter Ríos pidió ir todavía más lejos y sostuvo que incluso las personas denunciadas deberían quedar impedidas de competir electoralmente. “Si vamos a explicar que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, vamos a seguir teniendo candidatos cuestionados”, afirmó. Sin embargo, también pidió distinguir entre distintos tipos de incumplimientos y conductas al momento de fijar inhabilitaciones.
El debate recién comienza y en la comisión admiten que todavía resta discutir numerosos aspectos técnicos y constitucionales. No obstante, el clima general fue de coincidencia en torno a la necesidad de avanzar con una norma de “Ficha Limpia” en Misiones.
Según señalaron al finalizar la reunión, el objetivo será continuar trabajando sobre ambos proyectos para buscar consensos y eventualmente unificarlos en un dictamen común. El presidente de la Legislatura, Sebastián Macias, adelantó que se espera que el tema siga tratándose en las próximas semanas y que pueda haber dictamen en un plazo relativamente corto.
