La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos de limpieza de la marca “Agranel” en todo el país, incluyendo su oferta en plataformas digitales.
La decisión, oficializada este martes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 2491/2026, responde a la falta de registro sanitario obligatorio, requisito indispensable para este tipo de artículos. La restricción se mantendrá vigente hasta que la empresa regularice su situación conforme a la normativa.
El relevamiento fue realizado por el Servicio de Domisanitarios, dependiente del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Según el informe, se comprobó la venta y promoción online de los productos sin inscripción ante la autoridad sanitaria.
El listado incluye lavandinas, cloros, alguicidas, desengrasantes, suavizantes y otros artículos de uso doméstico. Además, se detectó que algunos se ofrecían con denominaciones que imitaban marcas reconocidas, como suavizantes tipo Vivere, detergentes tipo Ariel o limpiadores tipo Harpic.
Desde la ANMAT advirtieron que ninguno de los productos está registrado, lo que constituye una infracción a las normas vigentes que regulan la elaboración y comercialización de domisanitarios en Argentina.
La disposición también ordena la intervención de áreas técnicas del Ministerio de Economía, como la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Gestión de Información Técnica, para reforzar las tareas de control.
En paralelo, la autoridad sanitaria bonaerense confirmó que la firma tampoco cuenta con habilitación en la provincia de Buenos Aires. Tras las notificaciones, el apoderado de la empresa reconoció la titularidad de los productos alcanzados por la medida.
El organismo fundamentó la decisión en la ausencia de información sobre las condiciones de fabricación y la falta de registros obligatorios, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.
Asimismo, se dio intervención a la Coordinación de Sumarios para avanzar en un proceso administrativo que determine posibles responsabilidades de la empresa, garantizando el derecho de defensa.
