El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más cuestionados de su proyecto sobre propiedad privada: la reforma de la ley de Barrios Populares, que generaba fuerte rechazo entre aliados por el riesgo de desalojos masivos.
La decisión apunta a destrabar negociaciones con bloques dialoguistas y avanzar en un dictamen de comisión en los próximos días. La jefa de bloque, Patricia Bullrich, busca ahora concentrar el consenso en otros aspectos del proyecto, en especial en el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros, que también genera resistencias.
El oficialismo cuenta con 21 votos propios, por lo que necesita alcanzar al menos 37 para garantizar la aprobación de la iniciativa. En ese esquema, resultan clave las negociaciones con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones y distintos monobloques provinciales.
Barrios populares: el punto que se retira
El capítulo eliminado proponía modificar la ley 27.453, que regula la integración socio urbana de los barrios incluidos en el RENABAP. Entre otros puntos, planteaba trasladar competencias del Estado nacional a provincias y municipios y eliminar la suspensión de desalojos vigente por diez años.
Esa modificación encendió alertas por el impacto social que podría generar, al dejar sin resguardo a miles de familias. Desde el oficialismo señalaron que el tema será discutido en una ley aparte.
Otro de los ejes en discusión es la modificación de la ley de tierras (26.737), que hoy limita a 1.000 hectáreas la compra por parte de extranjeros. La propuesta original del Gobierno planteaba eliminar esas restricciones, pero ahora se evalúa flexibilizar los límites sin eliminarlos completamente.
Sí se mantendría la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en el país.
Entre los puntos que el oficialismo no está dispuesto a ceder figura la implementación de un sistema de desalojos exprés, que reduce los plazos de intimación y ejecución del desalojo en casos de falta de pago.
También se mantienen los cambios en la ley de Manejo del Fuego, que eliminan restricciones vigentes desde 2020 para la venta o modificación del uso de tierras incendiadas. El Gobierno considera que esas limitaciones afectan el derecho de propiedad y no cumplen con los objetivos de restauración ambiental.
El objetivo del oficialismo es lograr un dictamen entre miércoles y jueves y llevar el proyecto al recinto el 14 de mayo, en una votación que dependerá de acuerdos finos con sectores aliados.
El retiro del capítulo sobre barrios populares marca un primer gesto de negociación en un proyecto que, aún con modificaciones, sigue generando tensiones por su impacto económico, social y territorial.
Fuente: Agencia de Noticias NA
