El debate por la desregulación del mercado inmobiliario volvió a encenderse tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó el rol de los colegios profesionales y anticipó reformas para flexibilizar la actividad. Desde el sector, sin embargo, crecen las voces de alerta.
Julia Acosta Azoya, integrante de la comisión directiva de la Cámara Inmobiliaria de Misiones y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, advirtió que detrás del concepto de “desregulación” podría esconderse un proceso de desprofesionalización con consecuencias directas para la sociedad.
“La palabra desregulación suena bien, suena a libertad, pero en realidad lo que se está planteando es una desprofesionalización de la actividad”, sostuvo en diálogo con el programa El Aire de las Misiones, que conducen Lody Caballero y Ángel Miño en FM 89.3 Santa María de las Misiones. Y aclaró un punto clave: “Los corredores inmobiliarios no somos un paso obligado en una operación. Las partes pueden comprar y vender sin intermediarios. Lo que ofrecemos es seguridad y respaldo”.
En ese sentido, explicó que el sistema actual no impone la intervención de inmobiliarias, pero sí garantiza estándares mínimos cuando hay profesionales matriculados. “La matrícula implica que hay una institución que controla, que regula y que sanciona si hay malas prácticas. Eso protege a las personas”, remarcó.
La referente del sector fue contundente al advertir sobre los riesgos de eliminar esos controles. “Si alguien intermedia sin estar matriculado y ocurre un problema, ¿a quién reclama el damnificado? No hay una entidad que lo respalde. Eso puede derivar en más conflictos, fraudes o estafas”, señaló.
Acosta Azoya también apuntó contra posibles intereses económicos detrás de la iniciativa. “Nos preocupa que esto termine favoreciendo a grandes franquicias que ya operan sin profesionales matriculados. Se disfraza de desregulación algo que en realidad busca flexibilizar controles”, afirmó.
En relación a los costos, uno de los argumentos que suele aparecer en el debate, fue categórica: “Hoy el honorario es del 3% para cada parte. Pensar que con la desregulación alguien va a cobrar menos es ingenuo. El mercado no funciona así”.
Además, explicó que la tarea inmobiliaria va mucho más allá de mostrar una propiedad. “Nosotros verificamos títulos, pedimos informes, controlamos deudas, analizamos garantías. Si después aparece un problema, la responsabilidad también recae sobre el profesional”, detalló.
Sobre el impacto en el mercado, consideró que la medida podría aumentar la informalidad. “Dos más dos son cuatro: si sacás controles, crece la informalidad. Y cuando crece la informalidad, crecen los riesgos para la gente”, advirtió.
También comparó con experiencias internacionales. “En España se desreguló y después tuvieron que volver atrás por los problemas que generó. No estamos inventando nada, esto ya se probó”, recordó.
En paralelo, la especialista se refirió a otro punto sensible del sector: los desalojos. “No sé si hablar de ‘express’, pero sí de procesos más ágiles. No puede ser que un propietario tenga que esperar un año o más para recuperar su inmueble”, planteó.
Finalmente, subrayó el rol del corredor inmobiliario como mediador. “Nosotros trabajamos con dos partes al mismo tiempo, con intereses distintos, y tenemos que garantizar equilibrio y transparencia. Si alguien se pone de un lado, no debería ejercer esta profesión”, concluyó.
En un contexto económico complejo y con un mercado inmobiliario tensionado, el debate promete escalar. Mientras el Gobierno impulsa cambios, desde el sector advierten que la discusión no es solo económica, sino también jurídica: lo que está en juego es la seguridad de una de las decisiones más importantes en la vida de las personas.
