El crecimiento de las demandas laborales comienza a sentirse también en Misiones, una provincia históricamente ubicada entre las de menor litigiosidad del país, pero que en los últimos meses muestra señales de cambio. El fenómeno se da en un contexto nacional donde la judicialización del sistema de riesgos del trabajo alcanzó niveles récord y generó un fuerte impacto económico.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2025 se registraron 127.700 juicios laborales en Argentina, lo que implicó un sobrecosto total de US$ 2.140 millones para el sistema. Este monto refleja el peso creciente de la litigiosidad y su impacto tanto en empresas como en trabajadores.
En ese escenario, Misiones aparece aún lejos de las provincias más críticas, pero con números que empiezan a llamar la atención. Según el cuadro oficial de distribución de costos por jurisdicción, los juicios laborales en la provincia generan un sobrecosto estimado en US$ 14 millones, una cifra considerable para una economía regional.
Si bien el monto es significativamente menor en comparación con distritos como Buenos Aires (US$ 892 millones) o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (US$ 517 millones), el dato adquiere relevancia al analizar la evolución reciente de las demandas. Durante el primer trimestre de 2025 se superaron las 1.600 causas en la provincia, lo que anticipa un crecimiento sostenido si la tendencia se mantiene. Históricamente, Misiones se caracterizó por tener bajos niveles de judicialización. En términos relativos, solo una pequeña proporción de los accidentes laborales terminaba en juicio, lo que la posicionaba entre las jurisdicciones con menor litigiosidad del país. Sin embargo, el incremento reciente comienza a modificar ese escenario y genera preocupación en distintos sectores.
A nivel nacional, el informe de la SRT muestra una fuerte concentración territorial. Las provincias de alto riesgo concentran más del 70% de los juicios y de los trabajadores, con Buenos Aires, CABA y Santa Fe liderando ampliamente en volumen de demandas y costos asociados.
Además, en varias de esas jurisdicciones se detectan altos niveles de “composición judicial”, es decir, juicios que terminan sin incapacidad comprobada o que son rechazados. En muchos casos, este indicador supera el 85%, lo que alimenta el debate sobre la existencia de litigios especulativos dentro del sistema.
Aunque Misiones no presenta esos niveles, especialistas advierten que el crecimiento de las demandas responde a factores estructurales que también impactan en la provincia: caída de la actividad económica, mayor informalidad y pérdida del poder adquisitivo. En este contexto, el recurso judicial aparece como una vía alternativa para obtener compensaciones económicas, lo que incrementa la presión sobre el sistema. A nivel país, incluso se observa una paradoja: mientras disminuyen los accidentes laborales, la cantidad de juicios continúa en aumento.
Otro aspecto clave es la implementación de la normativa vigente. La Ley 27.348 establece la intervención obligatoria de cuerpos médicos forenses especializados para determinar incapacidades y evitar litigios innecesarios. Sin embargo, su aplicación plena aún presenta desafíos en varias provincias, incluida Misiones.
El impacto económico de esta tendencia no es menor. Los sobrecostos derivados de los juicios laborales afectan a las aseguradoras y a las empresas, que enfrentan mayores cargas y reducen su capacidad de inversión. En economías regionales como la misionera, esto puede traducirse en menor generación de empleo formal y mayores dificultades para el desarrollo productivo.
Frente a este escenario, el desafío para Misiones será sostener su histórica baja litigiosidad sin desconocer el derecho de los trabajadores a reclamar. La clave estará en fortalecer los mecanismos administrativos, mejorar los controles y avanzar en la implementación de herramientas que permitan reducir la judicialización.
Mientras tanto, los datos muestran que la tendencia nacional comienza a tener su reflejo en la provincia. Y aunque todavía se encuentra lejos de los niveles críticos de otros distritos, el crecimiento de las demandas laborales y su impacto económico ya encendieron una señal de alerta que no pasa desapercibida en el ámbito productivo y judicial local.
