Una representante del pueblo mbya guaraní llevó al plano internacional un reclamo que atraviesa a comunidades indígenas del país. Durante la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la joven lideresa Keila Zaya denunció el avance sobre los territorios, la falta de acceso a agua segura y la vulneración sistemática de derechos en comunidades como Puente Quemado II, en Misiones.
En su intervención, Zaya planteó que los pueblos indígenas son “preexistentes al Estado argentino” y que el territorio no es un recurso económico, sino la base de su identidad, espiritualidad y forma de vida, concepto que en la cosmovisión mbya se expresa como “Ñande Reko”.
El eje de la denuncia se centró en la situación territorial. Advirtió que la falta de titulación de las tierras comunitarias facilita el avance de actividades forestales, mineras y del agronegocio, con impacto directo sobre la salud y las condiciones de vida de las comunidades.
En ese marco, cuestionó el incumplimiento de normas internacionales: “No se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada”, señaló, al tiempo que denunció la aprobación de proyectos extractivos sin consentimiento indígena, en violación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La exposición también puso foco en las consecuencias concretas de ese escenario. Zaya alertó que en comunidades como Puente Quemado II niños y niñas ya no pueden consumir agua de ríos o vertientes por contaminación, lo que deriva en enfermedades y afecta su desarrollo físico y mental.
“La supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas depende de la garantía efectiva de sus derechos sobre el territorio, los recursos naturales y el acceso al agua limpia”, sostuvo, en línea con estándares internacionales como la Recomendación General Nº 39 del CEDAW.
La lideresa sintetizó el planteo con una consigna que atravesó todo el discurso: “Sin territorio no hay vida. Sin agua limpia no hay salud. Sin salud no hay futuro”.
Además, denunció que, pese a estos reclamos, las comunidades continúan siendo objeto de criminalización, represión y estigmatización, lo que incrementa la conflictividad social en distintos puntos del país.
En el tramo final, formuló pedidos concretos en tres niveles. Al Estado argentino, exigió la titulación inmediata de los territorios indígenas y la implementación efectiva de la consulta previa en todos los proyectos que los afecten. A las empresas, reclamó el cese de actividades contaminantes y la reparación de los daños. Y al foro internacional, solicitó monitoreo y acompañamiento en la situación argentina.
La intervención posicionó en un ámbito global un conflicto que combina territorio, ambiente, salud y derechos humanos, y que, según las comunidades, sigue sin respuestas estructurales a nivel nacional.
