El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que plantea una revisión profunda del sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con el objetivo de reforzar los controles, redefinir los criterios de acceso y reorganizar el esquema de financiamiento.
La iniciativa, que ingresó por el Senado, apunta a intervenir sobre un régimen que experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años: la cantidad de beneficiarios pasó de 76 mil en 2003 a cerca de 1,2 millón en 2023, según datos oficiales incluidos en el proyecto.
Desde el Ejecutivo sostienen que este aumento estuvo acompañado por irregularidades en la asignación de beneficios, detectadas tanto en investigaciones administrativas como judiciales. Entre ellas se mencionan falta de acreditación médica suficiente, inconsistencias en los datos personales y domicilios inexistentes, lo que -según el diagnóstico oficial- afectó la equidad del sistema.
A partir de ese diagnóstico, el proyecto propone un conjunto de medidas orientadas a fortalecer los controles. Uno de los ejes centrales es la implementación de auditorías médicas periódicas y un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios, quienes deberán actualizar su información personal, socioeconómica y de salud dentro de plazos definidos por la reglamentación.
El texto también habilita el cruce de datos entre distintos organismos públicos, como ANSeS y otros registros estatales, para verificar el cumplimiento de los requisitos. En caso de detectarse inconsistencias, se prevé la suspensión preventiva del beneficio, aunque se contemplan instancias para que el titular pueda regularizar su situación antes de una eventual baja definitiva.
Otro punto relevante es la redefinición del criterio de acceso a la pensión. La iniciativa reafirma que el beneficio está destinado a personas que no pueden trabajar por razones de salud y carecen de recursos suficientes, y establece de manera explícita la incompatibilidad con empleos formales o inscripción en regímenes laborales, lo que podría restringir el universo de beneficiarios respecto de interpretaciones más amplias vigentes en los últimos años.
En paralelo, el proyecto introduce cambios en el financiamiento del sistema y en la cobertura de prestaciones vinculadas a la discapacidad, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal y ordenar la asignación de recursos.
El envío de la iniciativa abre un debate de alto impacto social y político. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de control y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, el tratamiento legislativo anticipa discusiones en torno al equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Fuente: parlamentario.com
