El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones sustanciales en el régimen de salud mental vigente, con foco en ampliar las posibilidades de internación involuntaria y redefinir los criterios de intervención estatal.
La iniciativa, que ingresó por el Senado acompañada por el Mensaje Nº 108/2026, plantea cambios en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, en la Ley Nº 26.827 -que regula el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura- y en artículos clave del Código Civil y Comercial.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del criterio que habilita las internaciones sin consentimiento. El texto propone reemplazar el concepto actual de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que amplía el margen de interpretación para los profesionales intervinientes.
En esa línea, la reforma mantiene la internación involuntaria como un recurso excepcional, pero introduce un enfoque más amplio de evaluación. El nuevo esquema permite considerar antecedentes, conductas previas y la posible evolución del cuadro clínico, y no solo el estado del paciente al momento de la evaluación.
Otro cambio relevante es el refuerzo del rol de la psiquiatría dentro del sistema de salud mental. El proyecto establece que los equipos interdisciplinarios deberán incluir obligatoriamente a un médico psiquiatra y habilita, en situaciones excepcionales, que un solo profesional pueda disponer una internación, con posterior validación del equipo en un plazo de 24 horas.
El control judicial también es reformulado. Según la iniciativa, el juez deberá ser notificado dentro de las 24 horas y contará con tres días para resolver, pudiendo incluso ordenar la internación si el sistema de salud no la ejecuta pese a cumplirse los requisitos legales. A su vez, el alta médica quedará bajo la órbita exclusiva del equipo de salud, sin necesidad de autorización judicial.
El proyecto incorpora además la habilitación explícita de hospitales psiquiátricos e instituciones privadas como parte de la red de atención, y establece que negar la admisión de pacientes por motivos vinculados a salud mental será considerado un acto discriminatorio.
En cuanto al abordaje de las adicciones, la iniciativa las integra de manera directa dentro del sistema de salud mental, habilitando dispositivos tanto ambulatorios como de internación bajo criterios definidos por la autoridad sanitaria.
Desde el Ejecutivo argumentan que los cambios buscan corregir “dificultades interpretativas” de la normativa vigente y evitar situaciones de inacción frente a casos graves. Sin embargo, la reforma implica un giro en el enfoque de la ley sancionada en 2010, al ampliar las herramientas de intervención estatal y otorgar mayor centralidad al criterio médico en la toma de decisiones.
Ahora, el proyecto inicia su recorrido legislativo, donde se espera un debate que no solo será técnico, sino también político y social, en torno a los límites entre la intervención del Estado, los derechos individuales y las garantías en materia de salud mental.
Fuente: paralamentario.com
