En medio de la fuerte caída de la coparticipación y de la recaudación que golpea las cuentas provinciales, Misiones aceptó un adelanto financiero del Estado nacional por $94.000 millones, aunque desde el Gobierno provincial marcaron que la operación no debe leerse como una asistencia extraordinaria, sino como un mecanismo transitorio frente a un contexto económico adverso y, sobre todo, como una compensación parcial frente a una deuda mucho mayor que la Nación mantiene con la provincia.
La explicación fue dada por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, luego de que distintos medios nacionales publicaran en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a 12 provincias con “dificultades financieras”.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el funcionario confirmó el monto que recibirá Misiones y explicó el criterio político y financiero detrás de la decisión. “Aceptamos un adelanto financiero del Estado Nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron, pero con una premisa clara: estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia”, sostuvo.
Safrán enmarcó la medida dentro de un escenario de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. Según detalló, la combinación entre la baja de la coparticipación y la caída de la recaudación propia ya le genera a Misiones una pérdida de $40.000 millones mensuales, producto de la fuerte desaceleración de la actividad económica a nivel nacional.
En ese contexto, el ministro sostuvo que la provincia optó por tomar solo una parte del esquema de adelanto disponible, evitando comprometerse por montos mayores en un año donde la administración de recursos aparece como una clave frente a un escenario de caída del consumo producto de la “motosierra”. La cifra finalmente acordada es de $94.000 millones y, según confirmó el propio funcionario, será devuelta en siete cuotas dentro de este mismo año.
En ese contexto, Safrán enumeró tres grandes componentes de esa deuda nacional con Misiones. Por un lado, los compromisos derivados del Consenso Fiscal. Por otro, el financiamiento que la ANSES debe transferir por la caja previsional. Y además, regalías energéticas y programas de obras nacionales que no fueron efectivizados.
Consultado por este medio sobre el volumen total de esos compromisos pendientes, el ministro fue categórico. “La Nación nos adeuda más de $350.000 millones”, afirmó.
Ese dato cambia de escala la discusión. Porque si bien los $94.000 millones que ingresarán a Misiones aparecen como una cifra importante dentro del corto plazo, representan apenas una porción de la deuda que la provincia asegura tener acumulada frente al Estado nacional.
La posición misionera se da además en un contexto en el que las cuentas de casi todas las provincias comenzaron a resentirse con fuerza. De acuerdo con lo publicado por medios nacionales, el nuevo esquema que prepara el Gobierno nacional alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A ese grupo se suma Entre Ríos, que ya había sido incorporada previamente al mismo mecanismo.
La operatoria consiste en adelantar parte de los recursos de coparticipación que les corresponden a las provincias, con el compromiso de que esos fondos sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. Según trascendió, la tasa aplicada por Nación rondará el 15%, por debajo de los costos del financiamiento bancario o de mercado, donde hoy las tasas oscilan entre el 30% y el 45%.
En términos prácticos, el mecanismo busca evitar que los distritos salgan a endeudarse en condiciones más caras para cubrir gastos corrientes. Pero al mismo tiempo, deja al descubierto una situación cada vez más extendida, la dificultad creciente de las provincias para sostener su funcionamiento habitual en un contexto de caída de actividad, menor recaudación y reducción real de transferencias automáticas.
Ese cuadro también fue expuesto en los últimos días por distintos informes privados. Las estimaciones difundidas a nivel nacional muestran que durante el primer trimestre de 2026 las provincias perdieron más de un billón de pesos en coparticipación y otras transferencias.
