En el Salón Delia Parodi, escenario habitual de la actividad parlamentaria, un grupo de diez diputados de La Libertad Avanza (LLA) firmó un compromiso para trabajar por la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), vigente en Argentina desde diciembre de 2020. La acción, realizada el jueves último en el marco del Día del Niño por Nacer, volvió a colocar el tema en la agenda política, aunque sin señales concretas de avance legislativo inmediato.
El texto del acta no deja lugar a interpretaciones moderadas: los firmantes prometen actuar “hasta el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional Ley del Aborto”. Lo curioso, o quizás lo más honesto de la jornada, fue la admisión del diputado fueguino Santiago Pauli, quien reconoció que esta postura lo pone “incómodo” frente a la dinámica del Congreso, pero antepuso su fe personal por sobre su rol institucional: “Antes de ser político… soy cristiano, soy hijo, soy padre”.
Más allá del gesto político, la iniciativa deja en evidencia diferencias dentro del oficialismo. Fuentes vinculadas al Gobierno nacional señalaron que la derogación de la ley no forma parte de la agenda del Ejecutivo, que mantiene su foco en el frente económico y evita abrir debates que puedan generar mayor conflictividad social.
El antecedente más cercano se remonta a febrero de 2024, cuando la diputada Rocío Bonacci presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610. En ese momento, la propuesta perdió respaldo dentro del propio bloque tras su repercusión pública, lo que limitó su avance parlamentario.
En ese contexto, la firma del acta aparece como una estrategia de posicionamiento político más que como una iniciativa con viabilidad inmediata. A diferencia del intento anterior, en esta oportunidad no se presentó un proyecto de ley concreto, sino un compromiso público orientado a sostener el tema en agenda.
Esta embestida oficialista parece ignorar el denso espesor histórico que carga la Ley 27.610. No fue un decreto de trasnoche ni una concesión graciosa del poder. Fue el resultado de un proceso de acumulación transversal que tuvo su hito en la “marea verde” de 2018 -cuando el proyecto fue rechazado en el Senado- y su concreción en diciembre de 2020, tras debates que incluyeron a cientos de expertos de todas las disciplinas. Aquel debate se caracterizó por una madurez democrática que hoy parece puesta en duda.
El mapa de firmas muestra una construcción federal de la derecha conservadora:
- Tierra del Fuego: Santiago Pauli y Miguel Rodríguez.
- Buenos Aires: Rubén Darío Torres, Gladys Humenuk, María Luisa González Estevarena y Andrea Fernanda Vera.
- Santa Cruz: Jairo Guzmán.
- San Luis: Mónica Becerra.
- Jujuy: Bárbara Andreussi.
- Salta: Carlos Zapata.
Mientras el país discute la inflación y el desempleo, este grupo de legisladores ha decidido que su prioridad es desandar el camino de un derecho que la Argentina exportó como ejemplo a la región. El desafío no es solo para la oposición, sino para un Gobierno que deberá decidir si permite que sus propios diputados marquen una agenda que la mayoría de la sociedad ya consideraba saldada.
La salud pública en números: el impacto del acceso legal
El argumento de la “inconstitucionalidad” o el carácter “nefasto” de la Ley 27.610 que esgrimen los diputados libertarios choca contra la evidencia estadística recolectada por el propio Estado nacional desde 2021.
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Derrumbe de la mortalidad materna: Según la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), en 2020 (último año de aborto clandestino) se registraron 23 muertes maternas por aborto. En 2021, primer año de vigencia de la ley, la cifra bajó a 13. En 2022, el descenso continuó hasta llegar a niveles mínimos históricos en varias jurisdicciones.
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Menos internaciones por complicaciones: Datos del Plan ENIA y el Ministerio de Salud indican que las internaciones por abortos incompletos o mal realizados en hospitales públicos cayeron un 67% entre 2020 y 2024. Esto no solo salva vidas, sino que libera recursos críticos en el sistema de salud.
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El factor Misoprostol: El informe de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir destaca que el 85% de las interrupciones se realizan de forma farmacológica (con pastillas), lo que reduce el riesgo quirúrgico casi a cero.
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Jurisprudencia: El “compromiso” de los legisladores omite que la Corte Suprema, en el fallo “F.A.L.” (2012), ya había determinado que el Estado no puede obstaculizar el acceso al aborto en las causales previstas, estableciendo que la protección de la vida desde la concepción no es absoluta y debe armonizarse con los derechos de la persona gestante.
Fuentes: parlamentario.com, Ministerio de Salud de la Nación (Estadísticas Vitales 2021-2023), Proyecto Mirar (CEDES/Ibis), Fallos de la CSJN (335:197).
