La crisis de ingresos volvió a quedar expuesta en el inicio de 2026. Según el último informe difundido por el Indec, los salarios registraron en enero una suba del 2,5%, por debajo del 2,9% que marcó la inflación del mismo período, lo que volvió a traducirse en una pérdida del poder adquisitivo para amplios sectores de trabajadores.
El dato confirma una tendencia que se arrastra desde hace meses y que, lejos de revertirse, sigue mostrando un deterioro sostenido en los ingresos reales. Aunque hubo aumentos nominales en todas las categorías relevadas, el avance de los precios volvió a dejar en desventaja a los asalariados, especialmente a quienes se desempeñan en el empleo formal y en la administración pública.
De acuerdo con el relevamiento oficial, el mayor incremento mensual se observó en el sector privado no registrado, con una mejora del 4,4%. En contraste, el sector privado registrado tuvo un alza del 2,1%, mientras que los salarios del sector público avanzaron apenas 1,8%, quedando ambos por debajo de la inflación de enero.
Ese comportamiento refleja que la pérdida de ingresos no afecta de la misma manera a todos los segmentos del mercado laboral. Mientras el universo informal mostró una recuperación más acelerada en términos nominales, los asalariados registrados continúan atrapados en una dinámica de recomposición insuficiente, condicionada por paritarias acotadas, restricciones fiscales y una actividad económica que no termina de despegar.
La foto general también expone la profundidad del deterioro acumulado. Si se toma como referencia noviembre de 2023, la caída promedio del salario formal frente a la inflación alcanza el 8%. Dentro de ese universo, el retroceso es del 2,4% para el sector privado registrado y se amplía con mucha más fuerza en el sector público, donde la pérdida llega al 17,8%.
La comparación de más largo plazo es todavía más contundente. Frente a los niveles máximos de fines de 2017, el salario real del sector privado formal muestra una baja del 21%, mientras que en el ámbito estatal el desplome asciende al 35%. El escenario deja en evidencia que el deterioro del ingreso no es un fenómeno reciente, sino la continuidad de una erosión prolongada que se agravó en los últimos años.
En términos interanuales, el índice salarial mostró un aumento del 37,7%. Sin embargo, esa mejora nominal no alcanza para hablar de una recuperación consolidada. De hecho, la inflación acumulada sigue ejerciendo una presión muy fuerte sobre los bolsillos y limita cualquier posibilidad de recomposición real sostenida.
Dentro de ese esquema, los trabajadores no registrados son quienes exhiben la mayor variación interanual, con una suba del 80,6%. No obstante, ese salto debe leerse con cautela, ya que parte de niveles mucho más bajos de ingreso y de una situación laboral signada por mayor fragilidad, ausencia de cobertura y alta inestabilidad.
En cambio, entre los asalariados registrados las mejoras resultan bastante más moderadas. El sector privado formal acumuló un aumento interanual del 28,5%, mientras que en el ámbito público la suba fue del 30%. Ambos registros quedan por debajo de la inflación acumulada del 32,4%, lo que confirma que la pérdida de capacidad de compra sigue vigente incluso en los segmentos con mayor nivel de formalidad.
En el caso del empleo estatal, el rezago salarial aparece estrechamente vinculado a las políticas de ajuste y contención del gasto que se vienen aplicando en distintas áreas del Estado. Esa estrategia, orientada a sostener el equilibrio fiscal, terminó trasladando parte del costo al bolsillo de los trabajadores públicos, que figuran entre los más golpeados por la pérdida de ingresos reales.
Por su parte, en el sector privado registrado también se advierte una recomposición limitada. La desaceleración de la actividad, el freno en varios rubros productivos y el intento de moderar las negociaciones salariales configuraron un escenario en el que las paritarias no lograron empatarle al costo de vida.
Más allá de la lectura estadística, el impacto concreto se siente en la vida cotidiana. La caída del salario real restringe el consumo, deteriora la capacidad de ahorro, obliga a recortar gastos básicos y profundiza un malestar social que ya se hace visible en distintos sectores.
En ese marco, la pérdida de poder adquisitivo vuelve a ubicarse como uno de los principales focos de tensión económica y política. Con ingresos que no logran seguirle el ritmo a los precios, el consumo interno continúa debilitado y se resiente uno de los motores centrales de la economía argentina.
