El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono desde el 1° de marzo, al tiempo que volvió a diferir una parte de los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y 2025. La medida fue formalizada mediante el Decreto 116/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La decisión modifica el esquema previsto en el Decreto 617/2025 y establece que durante marzo se aplicará solo una parte de los aumentos correspondientes a actualizaciones anteriores, mientras que el resto comenzará a regir desde el 1° de abril de 2026.
Impacto
Según el texto oficial, entre el 1° y el 31 de marzo los impuestos se incrementarán en los siguientes montos:
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Nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y nafta virgen:
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$17,385 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos.
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$1,065 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
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Gasoil:
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$14,884 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos.
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$8,059 por litro en el tratamiento diferencial para determinadas regiones.
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$1,696 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
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Estos valores forman parte de las actualizaciones que la ley prevé trimestralmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero que habían sido postergadas en reiteradas oportunidades. Si bien el decreto no establece automáticamente el traslado a precios, históricamente estos incrementos impositivos impactan en el valor final en surtidor.
El aumento total queda para abril
El artículo 3° del decreto fija que el incremento total remanente correspondiente a las actualizaciones de 2024 y 2025 comenzará a regir desde el 1° de abril, lo que implica que el ajuste impositivo no desaparece, sino que se dosifica en el tiempo.
En los fundamentos, el Ejecutivo argumenta que la medida busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto en el que los impuestos a los combustibles constituyen una fuente relevante de recaudación.
Desde 2024, las actualizaciones automáticas previstas en la Ley 23.966 -que establece ajustes trimestrales por IPC- fueron diferidas en distintas ocasiones para moderar el impacto en la inflación.
La norma confirma una estrategia que el Gobierno viene aplicando de manera recurrente: administrar el ritmo de actualización de los impuestos para evitar saltos bruscos en los precios, pero sin resignar en forma definitiva los recursos fiscales.
En la práctica, el decreto no implica un congelamiento ni una eliminación del tributo, sino una aplicación parcial del ajuste en marzo y el traslado del resto al mes siguiente.
