El subjefe de la Unidad Regional IV “Puerto Rico”, Walter Daniel Olivera, fue desplazado este martes de su cargo por orden de la Jefatura de la fuerza de seguridad provincial tras las irregularidades denunciadas que lo involucran en una investigación por el robo de mercadería de contrabando secuestrada en procedimientos sus subalternos.
De acuerdo a fuentes contactadas por este medio, el funcionario fue destinado como supervisor vial y se aguardan los próximos pasos de la investigación que inició el Juzgado Federal de Oberá, que encabeza Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.
Como lo publicó de manera exclusiva PRIMERA EDICIÓN el lunes, la denuncia es por el robo de mercaderías secuestradas del contrabando por efectivos de la Unidad Regional IV y otros manejos que elevarían la gravedad del escándalo que también fue denunciado ante los máximos jefes de la Policía de Misiones.
Lo que se investiga apunta a las presuntas irregularidades y actos que violan la ley que habría autorizado u ordenado el subjefe mencionado de la jurisdicción. Puntualmente fue señalado por el robo de cubiertas, cajas de cigarrillos y teléfonos celulares que investigadores de Puerto Rico lograron decomisar durante la primera quincena de este mes y que las actas correspondientes fueron elaboradas pero jamás comunicadas al juez federal Gallandat Luzuriaga, quien debía intervenir y determinar el destino de lo secuestrado por tratarse de elementos provenientes de la violación a la Ley 22.415 o Código Aduanero.
La desaparición de la mercadería se habría cometido bajo la orden de Olivera, subjefe de la Unidad Regional desde diciembre de 2025, pero no desligaría al jefe a cargo quien asumió con el traslado desde Eldorado con la misma jerarquía, Rubén Eduardo García.
Ambos reemplazaron Gustavo Oliver Gallardo y Luis Alberto Barrios, respectivamente. El viernes y por orden de la Jefatura de Policía, una comisión de la Dirección Asuntos Internos se desplazó hasta las oficinas de calle Laprida 1138 de Puerto Rico para iniciar las actuaciones correspondientes a un sumario para determinar responsabilidades por la desaparición de la mercadería pero también para investigar las afirmaciones de irregularidades que comprenderían delitos de mayor peligrosidad.
En los barrios costeros donde se registra u observa el ingreso de elementos contrabandeados, uno de ellos conocidos como Río y Sol, durante las últimas semanas comenzaron a sucederse incidentes de violencia contra las patrullas de recorridas preventivas que realiza la policía. Con disparos y piedrazos, pero también con abiertas amenazas a los investigadores policiales.
Uno de los incidentes más llamativos y cuyas identidades este Diario se reserva por seguridad, ocurrió hace diez días cuando uno de los reducidores del contrabando en el área dialogó con un comisario de la zona y lo increpó porque los estaban persiguiendo y tanto él como sus secuaces “cumplían” con el “canon” o monto de dinero que le exigía el subjefe de la UR-IV para que operaran sus “mulas” en la costa y hasta los puntos de comercialización, por ejemplo, de cigarrillos de fabricación paraguaya, neumáticos y teléfonos celulares, entre la variada gama que incluye la actividad. La denuncia del efectivo policial no fue aislada ya que provendría no solo de un experi mentado oficial, también de un calificado con excelente reputación profesional y social.
Respecto a la auditoría iniciada por Asuntos Internos y que hasta hoy no proyectó o derivó en ningún reemplazo o acción superior que aplaque el escándalo que se esparce en Puerto Rico, las voces consultadas se mostraron sorprendidas porque “fue livianita, faltó profundizar”, la definieron. Recalcaron que fueron expeditivos los funcionarios policiales que intervinieron y que despertaron en sus camaradas más suspicacias que confianza en que el sumario o investigación desemboque en medidas rotundas y eficaces.
