La historia de la sábana corta describe con crudeza una lógica que los argentinos conocen como pocos: cuando se tapa un problema, se destapa otro, porque el verdadero inconveniente no es cómo se distribuye la tela, sino que la tela no alcanza.
En las últimas décadas, el país atravesó varias experiencias así y hoy ensaya otra, ahora en su fase más aguda desde que La Libertad Avanza llegó al poder en 2023. La receta es conocida: bajar ingresos de los trabajadores y la clase media, mejorar la rentabilidad empresaria, priorizar la valorización financiera y reducir el gasto público. Como siempre, se promete que “el sacrificio esta vez vale la pena” y que generará prosperidad futura. Nunca ocurrió. Y nada indica que ahora vaya a ser distinto.
Objetivamente, lo que sí sucedió fue la caída del consumo, menor producción, despidos, más pobreza y un Estado que, al recaudar menos, vuelve a ajustar o a apelar a esa carpeta de impuestos que jamás redujo. El bucle es sencillo y brutal: menos ingresos, menos consumo, menos actividad, menos recaudación, más ajuste y más deuda.
La ilusión fiscal perdura mientras la gente gasta ahorros; después reaparece el déficit. Así, los que llegaron denunciando la presión impositiva terminan confirmándola. Porque si a alguno se le ocurre afirmar que este Gobierno bajó algún gravamen, es necesario recordarle que Javier Milei volvió a gravar a los trabajadores que antes habían quedado eximidos y que simplemente no renovó un impuesto (PAIS) que tenía fecha de defunción por escrito.
El patrón actual también incluye endeudamiento externo para sostener el esquema. No es casual que el actual ministro de Economía haya sido el mismo que, durante la gestión de Mauricio Macri, tomó más de 50.000 millones de dólares de deuda. La analogía es cruda, pero vale la descripción: cuando vuelve el frío en los pies, se busca otra frazada prestada.
La reiteración sugiere que detrás de los posteos y la minuciosa comunicación de redes existe un cálculo brutal. El modelo beneficia a grandes grupos económicos aun cuando el conjunto social pierde. Tirar de la sábana no agranda la economía ni mejora la vida de la mayoría: apenas redistribuye el frío. Y los que deciden duermen en otra habitación.
El viejo/nuevo libreto “promercado” inicia otro año asegurando que “lo peor ya pasó” y que en breve se sentirá normalidad, un progreso inevitable y un ajuste contra la “casta”. Pero la realidad deja al descubierto un escenario que describe destrucción de empleo formal, precarización y mayor desigualdad. El sacrificio -repiten por tercer año- es transitorio y culpa del pasado. Nada que no se haya dicho en todas las gestiones anteriores.
En lo que va de esta era se perdieron cerca de 196.000 puestos de trabajo en el sector privado y 81.000 en el Estado. La diferencia es que ahora la motosierra es más profunda y la reforma laboral avanza hacia un mercado donde despedir será más barato. La paradoja es evidente: en un país sin seguro de desempleo robusto, con salud pública recortada y jubilaciones deterioradas, el riesgo es que la “modernización” consolide un mercado laboral más frágil y disciplinado por el miedo.
Mientras tanto, la macro luce ordenada en las planillas, pero el consumo cae, la recaudación se resiente y cientos de empresas cierran. Las provincias, que votaron las herramientas del ajuste, enfrentan menos recursos y más conflictos sociales. El experimento ya tiene antecedentes.
Datos solapados
El éxito legislativo oficialista que se produjo durante la semana que transcurrió dejó en segundo plano otros datos objetivos, cuantificables y acumulativos.
En ese sentido vale traer a esta columna los números de la Universidad Torcuato Di Tella referidos a la confianza del consumidor. Los mismos marcan que el interior del país sigue mostrando el índice de confianza más alto (50,08 puntos), incluso por encima del promedio general. Pero el dato relevante no es la posición relativa, sino la tendencia: también cayó.
En provincias como Misiones, donde la economía depende en gran medida del consumo interno, el comercio de cercanía y la dinámica de las economías regionales, la confianza funciona como un termómetro anticipado. Cuando la actividad se ralentiza, la cadena se enfría.
El informe muestra que la caída en el interior fue más moderada que en el área metropolitana, pero eso no implica inmunidad. De hecho, suele ocurrir lo contrario: los centros urbanos grandes absorben primero los golpes y también las recuperaciones; el interior, en cambio, siente los efectos con cierto rezago, pero de manera más prolongada. En la práctica, la macro desacelera arriba, pero la micro se resiente abajo.
En Misiones, además, el consumo tiene un componente estratégico. La frontera, la competencia comercial con países vecinos y la sensibilidad del comercio minorista convierten cualquier cambio en expectativas en un factor decisivo. Si el consumidor percibe incertidumbre, el impacto se amplifica: menos ventas en supermercados, menos movimiento en centros comerciales, menor circulación en otros rubros.
La Universidad Torcuato Di Tella también ofrece por estas horas un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) que encendió otra señal roja: la probabilidad de que la economía argentina salga de su fase expansiva en los próximos seis meses es del 99%. El dato ancla sus argumentos en un índice que combina variables financieras, industriales, fiscales y de consumo para anticipar puntos de giro en la actividad.
La caída de enero -0,58% en términos desestacionalizados- se explicó por retrocesos en la Bolsa, en la producción industrial y en la recaudación real del IVA, un termómetro directo del consumo. Es decir: menos actividad financiera, menos producción y menos gasto.
Los datos oficiales del INDEC confirman el cuadro de fragilidad: el PBI apenas mostró variaciones marginales entre trimestres, mientras el EMAE acumuló caídas consecutivas hacia fin de año. Sectores clave para el empleo -industria, construcción y comercio- siguen en retroceso, los salarios pierden dinamismo y el empleo formal no se recupera.
El resultado es previsible: si la demanda se estanca y el consumo no reacciona, la economía pierde impulso. La estadística académica sólo pone número a lo que ya se percibe en la calle: la expansión luce agotada antes de consolidarse.
Otro dato que la actividad legislativa “ocultó” durante la semana es el que se extrae de los números del Banco Central y habla de la micro, de las familias… de lo más cotidiano. El mismo advierte que el sistema financiero cerró 2025 con una señal inquietante: la morosidad de los préstamos a familias trepó al 9,3%, el nivel más alto en al menos tres lustros y el triple que un año atrás. El deterioro se concentró en préstamos personales y prendarios, es decir, en el corazón del consumo financiado.
El fenómeno es el reverso de un año de fuerte expansión crediticia en un contexto de desaceleración económica y pérdida de poder adquisitivo. Más crédito, pero sobre ingresos más frágiles. El resultado: sube la irregularidad. A nivel sistémico, la mora total alcanzó 5,5%, con un incremento mensual de 0,3 puntos; en empresas llegó a 2,5%, aún baja en términos históricos, pero en ascenso, especialmente en comercio y producción primaria.
Mientras tanto, la exposición de los bancos al sector privado creció con fuerza y ya representa el 43,9% del activo total. Es decir, el crédito gana peso en los balances al mismo tiempo que aumenta el riesgo de incobrabilidad. Las previsiones siguen siendo elevadas y cubren buena parte de la cartera irregular, pero la dinámica es clara: la profundización financiera avanza sobre una base social más débil, lo que es un síntoma en sí mismo.
“Shock”
Carlos Melconian, elegido como ministro de Economía por Patricia Bullrich cuando buscaba la Presidencia de la Nación, cuestionó la estrategia del equipo de Luis Caputo y planteó que los programas de ajuste ortodoxo, sin un impulso expansivo inicial como el de la convertibilidad o el Plan Austral, tienden a volverse “tortuosos”. Según su mirada, el oficialismo apoya su narrativa en sectores extractivos y en la bicicleta financiera, pero carece de un plan integral de desarrollo.
Melconian también apuntó al clima político: advirtió que sobran “camorreros” y faltan constructores, y que la confrontación permanente no atrae inversiones ni genera confianza. Al mismo tiempo reconoció que el esquema previo estaba agotado, pero alertó que responder a un extremo con otro puede derivar en un “zafarrancho” económico. Su mensaje fue claro: sin equilibrio político, empatía social y una estrategia productiva más amplia, el ajuste corre el riesgo de quedarse sin combustible antes de llegar a destino… más sábana corta no se puede.
La mirada social
Una reciente encuesta de Pulso Research resume lo expuesto hasta aquí y describe la paradoja del momento: mientras el 67,1% de los encuestados califica la situación económica como negativa y el 69,5% dice estar peor en lo personal, casi la mitad (47,8%) responsabiliza principalmente al gobierno anterior y no a la actual gestión de Javier Milei.
La evaluación de la gestión está partida en dos: 45,7% negativa y 44,9% positiva. Es un empate político en un contexto económico claramente adverso. Además, el 39,4% cree que “lo peor del ajuste” aún no llegó y otro 30,9% considera que está ocurriendo ahora. Sin embargo, persiste una cuota de expectativa que amortigua el desgaste.
En materia fiscal, sólo el 16% cree que el ajuste se aplica donde corresponde, mientras una mayoría considera que está mal orientado o que combina aciertos y errores. Aun así, el malestar no encuentra conducción: el 50,2% no identifica a ningún líder opositor claro.
El resultado es una doble dinámica: economía desaprobada, pero responsabilidad aún desplazada hacia el pasado, con soluciones actuales que no llegan y un ajuste que recayó muy lejos de la “casta” y en el centro de la sociedad. En síntesis: un gobierno que divide opiniones en partes casi iguales, en un país que evalúa su presente de forma abrumadoramente negativa.
La carne entre fallos
Y si de cotidianeidad se trata, qué decir del precio de la carne y el sacudón que generó en el mostrador: el kilo de media res aumentó 13% más que la semana previa y 67% por encima de hace un año. En el principal abasto argentino, el novillo en pie superó los 5.200 pesos, consolidando una suba de 57,5% en menos de cuatro meses. Toda esa presión ya se trasladó parcialmente a carnicerías y supermercados, donde tanto cortes populares como premium tocan récord de precios históricos.
El impacto es, por tanto, el esperable. Consultoras privadas advierten que la aceleración de la carne puede empujar la inflación mensual nuevamente hacia el 3%, en un contexto de consumo debilitado por salarios que siguen naufragando frente a la escalada de precios.
La explicación, en este caso, combina oferta restringida y expectativas exportadoras. La faena cayó más de 10% en enero y los productores retienen hacienda ante la perspectiva de mayores ventas externas, especialmente tras la ampliación del cupo de importación por parte de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, recientes fallos en Estados Unidos relativizan esa mirada.
La Corte Suprema de ese país asestó un golpe crítico al proteccionismo de Donald Trump al declarar ilegales los aranceles masivos del programa “Liberation Day”. El fallo emitido por una mayoría de 6 a 3, determinó que el Ejecutivo usurpó facultades del Congreso al utilizar erróneamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) para imponer impuestos, una atribución que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Legislativo.
Para Argentina resulta paradójico y da de lleno con las expectativas. El reciente acuerdo ARTI queda virtualmente sin efecto: su principal beneficio era la reducción del arancel del 10% al 0% para casi 1.700 productos. Al ser declarado ilegal dicho arancel por la Corte, la “concesión” de Estados Unidos desaparece y el pacto pierde su sustento legal y comercial. Aunque la cuota de carne bovina se mantiene a salvo por depender de una normativa distinta, el grueso de las exportaciones industriales vuelve a un escenario de total incertidumbre.
Por lo pronto, medios porteños aseguran que en la Casa Rosada ya admiten en voz baja lo inevitable: habrá que “barajar y dar de nuevo” la parte arancelaria del flamante acuerdo comercial con Washington. Al final, en Argentina lo de la sábana corta sirve de analogía hasta cuando la máxima instancia judicial de Estados Unidos emite un fallo contra una medida del presidente de ese país.
Acelerador
Hacia adelante, el gobierno de Javier Milei lanzó una ofensiva final en el Senado para cerrar febrero con un “pleno” de victorias legislativas. Bajo la dirección de una mesa política que excluye deliberadamente a Victoria Villarruel, el oficialismo busca convertir en ley tres pilares de su agenda: la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la polémica Ley de Glaciares.
Lo más relevante de esta etapa es el viraje hacia un pragmatismo táctico. A diferencia de los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza evidencia haber aprendido a negociar y ceder en artículos más específicos -como las licencias por enfermedad en la reforma laboral- para asegurar la aprobación general.
Este “baño de realismo” busca exhibir un Congreso disciplinado justo antes del discurso presidencial del 1 de marzo, proyectando una imagen de gobernabilidad con la mira puesta en la reelección de 2027.
El éxito legislativo contrasta con la ruptura total en la cúpula del poder. Mientras la “mesa de hierro” (Karina Milei, Caputo, Bullrich) diagrama las sesiones, la Vicepresidenta permanece aislada, lanzando críticas veladas a la apertura de importaciones.
Aunque el oficialismo intentó desplazar a sus aliados en la línea sucesoria del Senado, la decisión de ratificar a Bartolomé Abdala sugiere que el Gobierno prefiere no abrir nuevos frentes de conflicto mientras termina de abrochar su paquete de reformas estructurales.
Agenda propia
Y ya respecto a la vicepresidenta Villarruel, quedó claro que decidió hacer a un lado las sutilezas para marcar una distancia estratégica con Milei. Utilizando ese fallo de la Corte estadounidense contra los aranceles de Trump como escudo, la vicepresidenta lanzó una crítica directa a la “apertura total de importaciones”, denunciando que dicha política destruye la industria nacional y fomenta la dependencia de China.
Su consigna -“Para Trump primero está EEUU, para mí primero la Argentina”- no es solo un “tuit”: es el lanzamiento de una identidad política propia. Villarruel capitaliza datos que conoce de primera mano: el malestar del “círculo rojo” y los sectores productivos tras el cierre de la planta de Fate y la desaparición de cientos de empresas en pocos meses.
Al advertir que “sin industria no hay Nación”, se posiciona como la opción “ordenada” y “proteccionista” frente al experimento aperturista de Milei. Así las cosas, mientras la Casa Rosada busca neutralizarla, ella se mueve. Su gira por varias provincias y reuniones con gobernadores opositores (como el riojano Ricardo Quintela) sugieren que está tejiendo una red federal ajena a la estructura de Karina Milei.
Con la relación con la Casa Rosada en un punto de no retorno, la vicepresidenta ya no se comporta como una compañera de fórmula, sino como una alternativa de poder que espera el desgaste del modelo para emerger en 2027.
Contexto regional
Más al extremo, Misiones es una manifestación concreta de un reordenamiento más amplio en la economía argentina, donde la desregulación, la concentración y la competencia asimétrica redefinen la distribución del ingreso en las cadenas productivas. La yerba y el tabaco no son apenas actividades locales: son casos testigo de un modelo que desplaza riesgos hacia el eslabón más débil, mientras preserva márgenes en la punta industrial y comercial.
Según un reciente informe sectorial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al comparar el ingreso por los tres kilos de hoja verde -necesarios para producir un kilo de yerba- con el valor del paquete en góndola, la participación del productor cayó al 11% en diciembre de 2025.
El promedio de los últimos doce meses fue de 16%, también el más bajo desde 2019. La caída no fue gradual, sino abrupta. En mayo de 2025, tras protestas y tensiones en Misiones, se había logrado un acuerdo que llevó el precio a 305 pesos por kilo de hoja verde. Sin embargo, ese valor duró apenas un mes. Desde entonces, el precio volvió a descender hasta ubicarse en 180 pesos en diciembre, una reducción del 41% respecto de aquel pico.
Mientras tanto, el precio en góndola se mantuvo cercano a los 4.892 pesos por kilo, con una suba acumulada de casi 10% desde mayo. La brecha volvió a ampliarse y consolidó una distribución regresiva del ingreso dentro de la cadena: el ajuste no se trasladó al consumidor, sino que se concentró en el primer eslabón productivo.
Con más de 12 mil pequeños productores en la cuenca yerbatera, la crisis ya no es solo sectorial. Es económica, social y territorial. Y plantea una discusión de fondo sobre el modelo de funcionamiento de una de las economías regionales más emblemáticas del país.
En ese clima, y al inicio de la nueva zafra, productores de Aristóbulo del Valle, Campo Viera, Comandante Andresito y Oberá, entre otras localidades, resolvieron en asamblea el cese total de la cosecha por tiempo indeterminado hasta lograr una respuesta favorable a sus reclamos. La medida expresa algo más profundo que un conflicto coyuntural: evidencia la fractura entre precios de mercado y sustentabilidad productiva.
Y mientras la yerba expone el rostro más crudo de la tensión estructural, el tabaco mostró en las últimas semanas otra cara del mismo problema: la fragilidad de las economías regionales frente a conflictos de precios.
Tras dos semanas de paralización, el acopio volvió a funcionar con normalidad. Más de 2.000 millones de pesos se acreditarán en 72 horas en las cuentas de los productores por un solo día de recepción. El dato no es menor: revela el impacto inmediato que estas actividades tienen sobre la economía provincial.
En paralelo, el Gobierno provincial buscó enviar señales políticas en medio del clima económico sensible. El gobernador Hugo Passalacqua dispuso, mediante decreto, que no percibirá aumentos salariales hasta el 31 de diciembre de 2026, aun cuando se otorguen incrementos al personal de la Administración Pública Central. La medida fue presentada como gesto de austeridad en un contexto de restricción fiscal.
En esa misma lógica de conducción, dejó sin efecto la designación de la directora de Turismo Social tras la difusión de un video que generó repudio en redes sociales. Desde ámbitos oficiales señalaron que no habrá tolerancia con conductas que contradigan el discurso de prudencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos.
El Ejecutivo también inició un proceso de reordenamiento interno con cambios en Agricultura Familiar y en el área de Coordinación y Planificación Estratégica. Los movimientos, que podrían extenderse en las próximas semanas, forman parte de una revisión más amplia de la estructura de gestión en un año atravesado por tensiones productivas y restricciones presupuestarias.
En conjunto, los episodios de la yerba y el tabaco, junto con las decisiones políticas recientes, configuran una misma escena: la de una provincia que intenta sostener sus economías regionales en un contexto nacional de desregulación, ajuste y escaso margen fiscal.
