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Por qué bajar la edad de imputabilidad no resuelve el delito juvenil

El padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, planteó que “la edad no resuelve nada” y reclamó un abordaje integral que incluya prevención, educación, acompañamiento y un sistema penal juvenil que no sea solo punitivo.

5 febrero, 2026

El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza, pero desde la Iglesia insisten en que la discusión corre el riesgo de quedarse en lo superficial si se reduce a un número. En una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, planteó que “la edad no resuelve nada” y reclamó un abordaje integral que incluya prevención, educación, acompañamiento y un sistema penal juvenil que no sea solo punitivo.

Barros recordó que, en los últimos días, la Iglesia difundió dos documentos sobre el tema: uno de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y otro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, en nombre de todos los obispos. El mensaje central, dijo, es que se necesita “un debate mucho más profundo, en serio, ante un tema tan complejo”.

Uno de los puntos que destacó el sacerdote fue el título elegido por la Comisión Ejecutiva: “Para los jóvenes, más educación, más comunidad”. Para Barros, esa formulación saca el eje del castigo y lo desplaza hacia la construcción social.

“Quedarse en un debate con el tema de la edad… parece que se pelean para ver quién es más duro: a los 13, a los 12 llegaron a decir”, advirtió. Y fue directo: “El tema no pasa por la edad; la edad no resuelve nada”. Desde su mirada, concentrarse en “hasta dónde bajamos” y “a partir de qué edad un chico es imputable” es caer en planteos simplistas y “entrar en el juego de la superficialidad”.

También señaló que muchas veces se trata de eslóganes políticos y de un clima donde “está de moda hacerse el duro”, con un sector social que consume discursos de “mano dura” aunque, dijo, “no se termina de entender qué significa”.

Además, Barros buscó despejar una discusión recurrente: la idea de que la Iglesia “defiende delincuentes”. Lo rechazó con fuerza. Dijo que los obispos aclararon que la Iglesia “siempre va a estar cercana al dolor desgarrador de las familias víctimas de estos delitos”, y que acompañará “a las víctimas de todo tipo”: de delitos, opresiones, injusticias, abusos laborales, políticos, económicos y sexuales.

“Después hablamos de qué hacemos con menores que cometen delitos”, explicó. Para él, no es una cosa o la otra: se puede y se debe estar del lado de las víctimas, y al mismo tiempo debatir qué respuesta social y estatal corresponde para los chicos que delinquen. “Hay que estar en los dos lados”, sintetizó.

Luego enmarcó el debate como parte de una tendencia: “Está de moda en ciertos sectores del mundo”, dijo, y afirmó que en algunos espacios se busca “imitar lo peor” de lo que llamó “el Imperio del Norte”: mano dura, persecución, la idea de que “todo se arregla a los tiros, a los bombazos”.

A su juicio, es “fulvito para la tribuna” -citó así a su padre-: un recurso de relato que vende políticamente, pero que no soluciona el problema.

Imagen ilustrativa

Prevenir antes del delito: anticiparse, educar, acompañar

Según el sacerdote, la clave del documento episcopal está en cuatro verbos: anticiparse, prevenir, educar y acompañar (los mencionó como núcleo del abordaje). Traducido: preguntarse qué hacer para que un chico no llegue al delito.

Ahí mencionó factores concretos como falta de oportunidades y chicos fuera del sistema escolar; el “estrago” del consumo de drogas, sobre todo en barrios vulnerables; un escenario de pesimismo y desesperanza y familias desarticuladas sin capacidad de contención.

Sin embargo, hizo una aclaración importante, para evitar estigmas: que exista pobreza o adicción no convierte a una persona en delincuente. “De ninguna manera”, remarcó.

Sobre el narcotráfico, cuestionó el contraste entre discurso y realidad: dijo que se hace “un show” -puso como ejemplo “300 metros de alambre en Salta”- mientras “la droga entra por todos lados”, el narcotráfico crece y el consumo también. “Tenemos un problema cada vez mayor”, advirtió.

La charla derivó en el debate en torno a la convivencia, la crianza y los límites, incluso mencionando la idea de “generación de cristal” y la sensación de que hoy “no se puede retar” a los chicos, a lo que Barros respondió que falla “en general todo”: hay una disgregación familiar y social y “los chicos están muy a la deriva”. Volvió a los verbos del documento y advirtió que prevenir y acompañar requiere tiempo y esfuerzo del mundo adulto. Y habló de límites.

Incluso recordó que cuando era chico y hacía berrinches, “por ahí me agarraban, me ponían bajo una canilla de agua fría y se me pasaba”. Lo usó para marcar que hoy falta la claridad del “esto no / esto sí” y que esa tarea -sostuvo- involucra a todos: escuela, familia, Iglesia y Estado.

Pero no es solo eso, sino que amplió el diagnóstico hacia el ambiente cultural: dijo que hoy hay contextos donde se normaliza el odio, los discursos violentos, la lógica del insulto, las redes agresivas, la calumnia y la mentira.

El padre Barros marcó una contradicción: si los penales actuales ya tienen déficits para la reinserción, “¿cómo vamos a pensar en menores si no resolvimos ni siquiera los penales de adultos?” y remarcó: “Si al inocente lo tratás mal, ¿cómo vas a tratar al culpable?”

En ese marco, señaló que un chico que se forma en ese clima puede sentir que está habilitado a insultar, despreciar o ser violento con el otro “porque es pobre, migrante, piensa distinto o tiene opciones sexuales diferentes”. Y advirtió que ese ambiente, que según él “baja muchas veces de funcionarios de primera línea”, no educa ni previene.

“Cambiar todo eso llevará un montón de tiempo”, admitió, pero insistió en que no se arregla bajando la edad de imputabilidad.

Lejos de plantear inacción, el sacerdote remarcó que la Iglesia sí propone revisar el sistema: habló de un régimen penal juvenil adecuado, trabajado desde una perspectiva “humana integral” y “abierta a la esperanza”, con la idea de que el chico puede reinsertarse.

Ahí volvió otro eje: la economía. Señaló que la crisis económica “brutal” pone a las familias en tensión permanente y contó -desde su experiencia sacerdotal- que creció el acompañamiento a matrimonios en crisis por deudas y conflictos. “Los adultos están en otra cosa con urgencias… y los chicos andan a la deriva”, describió.

Cuando le preguntaron cuánto puede llevar un cambio así, dijo sin vueltas: décadas. Y sumó que en Argentina se alimenta el enfrentamiento, porque la política descubrió que “conviene crearse enemigos”, fomentar odio, como si eso “vendiera”, mientras el diálogo y el consenso parecen no cotizar.

Al ser consultado por los recursos en un contexto de ajuste, señaló que los obispos -sin usar la palabra- interpelan el escenario de “motosierra”: si no hay dinero para cosas esenciales que debería hacer el Estado (mencionó, como ejemplo, los incendios en el sur), entonces surgen preguntas duras como por ejemplo: ¿dónde van a ir estos chicos?, ¿cómo se los va a educar y reinsertar?, ¿qué personal se necesita? y ¿cómo se financiará todo esto?

Incluso marcó una contradicción: si los penales actuales ya tienen déficits para la reinserción, “¿cómo vamos a pensar en menores si no resolvimos ni siquiera los penales de adultos?” y remarcó: “Si al inocente lo tratás mal, ¿cómo vas a tratar al culpable?”

Misiones: la experiencia CeMoAS como alternativa a la cárcel

En el tramo local (enfoque 3), Barros afirmó que en Misiones existe una experiencia interesante con adolescentes en conflicto con la ley: los Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (CeMoAS).

Contó que funcionan desde hace algunos años; que un juez de menores puede derivar allí; y que en su experiencia -dijo que fue varias veces, incluso al del barrio San Gerardo– vio chicos de 14, 15 y 16 años que habían cometido delitos y atravesaban procesos que no son la cárcel tradicional.

Contó que están administrados por el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Adicciones provincial, que no hay penitenciarios con uniforme ni armas a la vista, ya que el contexto busca ser amigable; hay rejas y control, pero se desarrollan actividades deportivas y escolares; se trabaja el tema adicciones, dado que “todos” presentan consumo; si la familia de origen no es conveniente, se buscan alternativas, y hay equipos profesionales y apoyo, incluso capellanes. Los definió como una salida perfectible, pero real: “algo hay para los menores que cometen delitos y que no es la cárcel”.

Finalmente, Barros insistió en no caer en la “chiquitada” del número y volvió al lema pastoral: más oportunidades, menos penas.

Tags: Alberto BarrosCaritasCEMOASDelito Juvenildrogasedad de imputabilidadFM 89.3IglesiaMisionesPolítica Criminal
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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FM 89.3

Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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