La intervención normalizadora del Partido Justicialista en Misiones resolvió la suspensión preventiva de las afiliaciones de Alberto Arrúa, Myriam Comparín y Martín Kornuta, en el marco de sumarios disciplinarios iniciados a partir de denuncias formales presentadas por afiliados del partido. La medida fue comunicada oficialmente hoy y se inscribe en el proceso de normalización institucional dispuesto por el Consejo Nacional del PJ.
Según el comunicado difundido por la intervención, las actuaciones alcanzan a Arrúa en su carácter de ex secretario general del Consejo Político Provincial, a Comparín como ex vicepresidenta a cargo de la presidencia del mismo órgano y a Kornuta como ex apoderado partidario. En las presentaciones se les imputan conductas que, de acuerdo con los denunciantes, habrían resultado reiteradamente funcionales a políticas ajenas al ideario justicialista y alineadas con el gobierno nacional de Javier Milei, además de una presunta sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias.
Entre los hechos señalados también figura el incumplimiento de la obligación de entregar la sede partidaria, las unidades básicas, junto con documentación contable y libros del partido, a las autoridades interventoras designadas tras la intervención del PJ Misiones. Frente a la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y eventuales violaciones a la Carta Orgánica, la intervención ordenó la sustanciación de los sumarios correspondientes para determinar responsabilidades orgánicas.
En ese marco, y con fundamento en el artículo 25, inciso m), de la Carta Orgánica del Partido Justicialista distrito Misiones, se dispuso la suspensión preventiva de las afiliaciones de los tres dirigentes mientras se tramitan las actuaciones. La intervención aclaró que la medida tiene carácter cautelar y que se fijaron audiencias para garantizar el debido proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa, instancia en la que se correrá traslado formal de las acusaciones.
La decisión se produce en un contexto de fuerte tensión interna dentro del peronismo misionero, atravesado por el proceso de normalización institucional impulsado tras la intervención ordenada por el Consejo Nacional del PJ, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. En ese camino, los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez avanzaron con la convocatoria a elecciones internas y con medidas orientadas a recomponer el funcionamiento orgánico del partido en la provincia.
En el mismo comunicado, la intervención informó sobre el avance del proceso de afiliaciones iniciado ocho meses atrás, con el objetivo de fortalecer el padrón partidario. Según los datos oficiales, se logró revertir una tendencia sostenida de pérdida de afiliados que se arrastraba desde 2003. De un padrón que a comienzos de los años 2000 rondaba los 130 mil afiliados, el PJ Misiones había descendido a 52 mil en abril de 2025, con una composición mayoritaria de personas mayores de 50 años.
A partir de la campaña impulsada tras la intervención, se incorporaron más de 5.000 nuevas afiliaciones, recibidas en la sede provisoria del partido, que actualmente funciona en instalaciones del SMATA, a la espera de que la Justicia disponga la restitución de la sede partidaria. Las nuevas altas fueron presentadas para su aceptación y registración ante la Justicia Federal con competencia electoral al 30 de diciembre de 2025.
Desde la intervención destacaron además que más de la mitad de las nuevas afiliaciones corresponden a personas menores de 35 años, distribuidas en distintas localidades de la provincia y adherentes al ideario y la doctrina justicialista. Al mismo tiempo, se precisó que unas 250 afiliaciones adicionales permanecen en etapa de control, cuya presentación formal se encuentra condicionada por la feria judicial, aunque serán elevadas dentro de los plazos establecidos para el cierre del padrón del proceso electoral en curso.
El comunicado aclara que el proceso de afiliación continúa abierto conforme a la Carta Orgánica, aunque las nuevas altas que se produzcan de ahora en adelante serán incorporadas con posterioridad al actual proceso electoral
