La Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), formalizó una serie de gestiones ante la administración municipal obereña con el objetivo de abordar la problemática del comercio no registrado y el uso del espacio público en esta ciudad. La iniciativa surge como respuesta directa a la inquietud de los comerciantes asociados, quienes manifestaron su preocupación por la falta de igualdad en las condiciones de operatividad frente a puestos de venta ambulante.
“Competencia desleal”
Daniel Friedrich, presidente de la CRIPCO, explicó en declaraciones a PRIMERA EDICIÓN que la masa societaria de la institución está compuesta íntegramente por empresas y comercios que operan bajo marcos de formalidad legal, “contando con las habilitaciones correspondientes y cumpliendo con el pago de tributos locales, provinciales y nacionales”.
En este contexto, la comisión directiva de la cámara actuó a instancia de sus miembros, quienes “consideran que la presencia de puntos de venta que no cumplen con las mismas obligaciones impositivas y administrativas generan una asimetría económica”. En ese sentido, según Friedrich, el planteo de los comerciantes “apunta a que la coexistencia de establecimientos habilitados con puestos informales resulta en una competencia deshonesta, dado que la estructura de costos de un negocio formal es significativamente superior”.
Gestiones municipales y control sanitario
Ante ello, la primera acción concreta de la CRIPCO consistió en la remisión de una nota oficial al Departamento Ejecutivo Municipal. En el documento, “se solicitó un informe detallado sobre el estado de situación de los puestos ambulantes distribuidos en la zona urbana”, comentó el directivo.
En esa línea, precisó que el pedido de información se centró en dos ejes fundamentales: las habilitaciones, para constatar que los puestos cuenten con la autorización formal para ejercer la actividad comercial en la vía pública y la normativa sanitaria, “dado que gran parte de estos puestos se dedican a la comercialización de alimentos como frutas, verduras y otros productos perecederos”. Al respecto, la cámara consultó “si se están aplicando y cumpliendo las normas de higiene y seguridad alimentaria vigentes”.
Respuesta y situación de los parklets
Según indicó Friedrich, desde el municipio obereño, informaron a la entidad “que se realizan inspecciones de manera periódica”. Asimismo, las autoridades locales indicaron que, en los casos donde se detectan irregularidades “se otorga un plazo administrativo para que los vendedores procedan a la regularización de su situación”.
Otro punto de consulta por parte de la CRIPCO fue la proliferación de “parklets” o plataformas instaladas sobre la calzada. La respuesta oficial del municipio aclaró que “existe una ordenanza específica que habilita la ocupación de estos espacios -originalmente destinados al estacionamiento vehicular- para ser utilizados exclusivamente por comercios del rubro gastronómico”. Estas estructuras permiten la disposición de mesas y sillas frente a los locales, siempre bajo la normativa técnica autorizada.
Equidad, no exclusión
El titular de la CRIPCO enfatizó que “la intención de la cámara no es perseguir ni censurar a los vendedores ambulantes, reconociendo el derecho constitucional de cada individuo a trabajar para asegurar su sustento”. No obstante, Friedrich subrayó que la función de la institución es velar por los intereses de sus asociados y exigir que la ley se aplique de manera uniforme.
“Lo que se solicita es equidad; no que no puedan trabajar, sino que lo hagan en igualdad de condiciones”, señaló el dirigente. Para la entidad, el cumplimiento de las ordenanzas y la reglamentación vigente es la única vía para garantizar un mercado local equilibrado donde todos los actores económicos asuman las mismas responsabilidades fiscales.
Tras la respuesta de la Municipalidad, la cámara regional deja en manos de los organismos de control y las áreas de inspección la tarea de corroborar que la actividad económica en Oberá se desarrolle conforme a los derechos, manteniendo el seguimiento de las acciones que el Estado local ejecute para ordenar el sector.
