La crisis que atraviesa el sector yerbatero misionero sumó en los últimos días un capítulo de fuerte impacto. La Cooperativa Yerbatera Andresito anunció formalmente el inicio de un proceso de cesación de pagos, argumentando una “situación financiera compleja” que le impide cumplir, por el momento, con sus obligaciones hacia socios y proveedores. Se trata de la primera cooperativa de gran escala que reconoce públicamente dificultades de esta magnitud en el actual contexto económico.
La decisión fue comunicada por nota firmada por el Consejo de Administración, encabezado por su presidente Juan Carlos Amann, un defensor explícito del modelo económico libertario. En el breve texto, la entidad informó que “lamentablemente no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso” y pidió comprensión a los asociados, a la espera de eventuales novedades. El mensaje generó una inmediata preocupación en Comandante Andresito y en todo el arco yerbatero provincial, dada la centralidad que la cooperativa tiene en la economía local.
Aunque es la primera gran cooperativa que anuncia una cesación de pagos, el caso de Andresito no aparece como un hecho aislado. Desde fines de 2023, pequeños y medianos productores vienen advirtiendo que la actividad ingresó en una crisis similar a la de la década de 1990, con caída de ingresos, pérdida de rentabilidad y un creciente riesgo de exclusión para cientos de familias cuya principal fuente de sustento es la yerba mate.
El punto de inflexión para el sector se produjo en diciembre de 2023, cuando el Gobierno nacional avanzó con el DNU 70/23 y redujo las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El organismo, creado por la Ley 25.564, había cumplido durante más de dos décadas un rol clave como árbitro de la cadena productiva: fijaba precios mínimos, mediaba entre productores, secaderos e industria y contenía la presión de los grandes molinos sobre el eslabón primario.
Con la desregulación, el mercado quedó librado a la negociación individual, sin un piso de valores para la hoja verde. A esto se sumó la decisión de no designar autoridades plenas en el INYM, lo que, según productores y cooperativas, dejó al sector sin herramientas de protección frente a prácticas comerciales consideradas abusivas.
Las consecuencias fueron inmediatas. El precio de la hoja verde se desplomó y, en numerosos puntos de Misiones, los valores ofrecidos oscilaron entre 180 y 220 pesos por kilo, muy por debajo de los más de 450 pesos que los productores estiman necesarios para cubrir costos básicos.
A ese escenario se agregaron plazos de pago extendidos, con cheques a 90, 120 y hasta 180 días, en un contexto de suba de los costos de insumos, logística y mano de obra.
Como resultado, muchos productores optaron por no levantar parte de la cosecha de verano, al considerar que cosechar implicaba asumir gastos sin una expectativa clara de recuperación.
Durante 2024 y 2025, el malestar se expresó en protestas, marchas y “yerbatazos” tanto en Posadas como en Buenos Aires, además de cortes de ruta y movilizaciones frente a secaderos.
Organizaciones como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) calificaron el esquema actual como “excluyente y socialmente depredador”, y advirtieron que la desregulación favorece una mayor concentración del mercado.
Según estimaciones sectoriales, un reducido grupo de empresas controla la mayor parte del procesamiento industrial, al tiempo que crecen las importaciones desde Paraguay y Brasil.
En ese marco, la situación de Andresito adquiere un valor simbólico. La cooperativa está integrada por unas 130 familias productoras y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria.
En los últimos años logró posicionar su marca entre las más vendidas del país, con más de 5,5 millones de kilos despachados entre enero y octubre de 2025, lo que la ubicó en el puesto 11 del ranking nacional. Además, exporta a mercados como Chile, Rusia y Siria y recibió reconocimientos por la calidad de su producto.
La suspensión de pagos, sin embargo, deja al descubierto la fragilidad de la cadena yerbatera en su conjunto.
Las cooperativas, que históricamente funcionaron como herramientas de organización y defensa de los productores, hoy también se ven asfixiadas por la caída de precios, la demora en los cobros y la falta de reglas claras.
