Argentina derogó el impuesto del 35% que aplicaba unilateralmente a la importación de juguetes y actualizó las normas para facilitar el ingreso de sistemas de almacenamiento energético más modernos, según establece el Decreto 781/2025 publicado este jueves 31 de octubre. La medida, que entra en vigencia este sábado 1° de noviembre, busca abaratar precios para el consumidor final y apoyar el desarrollo de proyectos de energía eléctrica.
A partir de mañana, los juguetes incluidos en el anexo del decreto dejarán de tributar el Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 35% que se aplicaba por encima del Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR. El Gobierno argumentó que ese gravamen “limitaba el acceso de los consumidores” y generaba “distorsiones en la formación de precios”, especialmente en épocas de alta demanda como las fiestas de fin de año. Con esta decisión, las importaciones volverán a regirse únicamente por el arancel acordado entre los países del bloque, lo que se espera impacte en una mayor oferta y precios más bajos en góndolas.
La norma también modifica técnicamente la partida arancelaria 8507.60.00, que cubre acumuladores eléctricos (baterías) para almacenamiento de energía. Ahora se incluirán sistemas de hasta 18 módulos y tensión máxima de 2.500 voltios por módulo, siempre que cuenten con equipos de refrigeración, extinción de incendios y control.
Esta actualización, solicitada por la Subsecretaría de Energía Eléctrica, permitirá importar tecnología más avanzada para proyectos de energías renovables y estabilización de la red, bajo el régimen de excepciones al AEC que el MERCOSUR autoriza a Argentina hasta 2028.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, deroga expresamente el artículo 8° y el Anexo X del Decreto 557/2023, que habían establecido el arancel especial a los juguetes. La medida se enmarca en las facultades del Poder Ejecutivo para “estabilizar precios internos” y “mantener un volumen de oferta adecuado”, según el Código Aduanero.
Con esta decisión, el Gobierno da un paso más en su estrategia de aliviar presiones inflacionarias en bienes de consumo masivo mientras impulsa inversiones en infraestructura energética clave para la transición hacia fuentes limpias.
