El plazo para iniciar el trámite de ciudadanía española bajo la Ley de Memoria Democrática finalizó este martes 22 de octubre, cerrando una ventana excepcional que generó un volumen récord de solicitudes, estimadas en cerca de un millón a nivel global. Así lo informó Antonella Bortolotti, abogada especialista en ciudadanías, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
La especialista detalló que los últimos números oficiales, correspondientes a julio de este año, registraban 800.000 solicitudes de reconocimiento de ciudadanía en todo el mundo, de las cuales 400.000 ya habían sido otorgadas. Bortolotti proyectó que, con el impulso de quienes decidieron presentar sus carpetas a último momento, la cifra final “va a acercarse al millón de solicitudes”.
Como ejemplo del caudal de presentaciones, la abogada mencionó que solo en el consulado de Rosario se recibieron 1.400 expedientes el sábado previo al vencimiento.
En cuanto a la situación de quienes quedaron con trámites en curso, Bortolotti explicó que existen dos escenarios distintos: aquellos que iniciaron el expediente pero recibieron un requerimiento del consulado (por falta de documentación, errores a corregir o firmas faltantes) tienen un plazo otorgado por la autoridad para cumplimentarlo. Si no lo hacen en tiempo y forma, “el trámite cae”.
En cambio, aquellas personas que no lograron obtener un turno o no presentaron la documentación antes de la fecha límite, “ya hoy es imposible iniciar el trámite” y “han perdido la posibilidad de presentarla”.
Consultada sobre una posible nueva extensión, Bortolotti la consideró “muy poco probable”. Recordó que la ley, mal llamada “ley de nietos”, originalmente tenía vigencia de un año y ya fue prorrogada de forma excepcional por un año más. A esta improbabilidad se suma la alta demanda: los consulados están informando que tardarán aproximadamente dos años en dar respuesta a todos los trámites ya presentados, lo que dificulta una nueva prórroga.
La Ley de Memoria Democrática, según la especialista, buscaba “reparar” injusticias de normativas anteriores, cubriendo casos de personas que perdieron su ciudadanía por razones políticas durante el franquismo o por emigración forzada, y casos como el de mujeres que perdían la nacionalidad al casarse con un extranjero.
Bortolotti señaló que, si bien la cantidad de solicitudes es masiva, esto no garantiza que todos los trámites sean aprobados. Los solicitantes debían encuadrar en los supuestos específicos de la norma, como las fechas de emigración del ascendente español.
Argentina se destaca en este fenómeno, representando aproximadamente la mitad del total de trámites globales, convirtiéndose en “uno de los puntos del mundo que tiene más ciudadanos españoles”. Las ciudades de Buenos Aires y Rosario lideran el ranking de presentaciones, lo cual, según Bortolotti, “no es casual”, ya que fueron los principales puertos de entrada de la inmigración europea.
Sobre las causas de este “boom”, la abogada lo atribuyó a que Argentina fue un gran centro de emigración española e italiana, y a que recientes reformas en la ley de ciudadanía italiana, que la volvieron más restrictiva, hicieron que muchas personas vieran en la ley española una oportunidad. Además, muchos nietos o bisnietos aprovecharon esta ventana que sus padres quizás no utilizaron en la ley similar de hace una década.
Finalmente, Bortolotti recordó que la doble ciudadanía implica beneficios, como la libertad de movimiento y la seguridad social en toda la Comunidad Europea, pero también “un montón de obligaciones”. Los nuevos ciudadanos adquieren deberes civiles, políticos (como votar), económicos y tributarios con España, además de la obligación de mantener actualizados sus datos de estado civil y domicilio.
Si bien el plazo para nuevos trámites de esta ley cerró, el movimiento en los consulados continuará, ya que los nuevos ciudadanos deben tramitar pasaportes o inscribir a sus hijos menores de edad, y quienes ya son ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones y actualizar datos.
