Con pedidos de prisión entre siete a cuatro años para los cuatro aduaneros acusados de formar parte de una asociación ilícita para permitir el contrabando mediante coimas, de mercaderías desde Paraguay a la Argentina, se iniciaron ayer los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en el debate que se inició el 3 de mayo pasado y ya cumplió una docena de audiencias para una causa que se inició en 2016 con la denuncia de irregularidades en la zona primaria aduanera de la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz.
Durante una hora y 45 minutos, la representante de la Querella (ARCA-Aduana) Rossana Beatriz Sienra desplegó su alegato con el que consideró que “los cuatro acusados, funcionarios aduaneros, incumplieron con leyes y normas dando información (a paseros) para facilitar el contrabando”.
“Sabiendo desde 2003 que no podían utilizar teléfonos celulares mientras trabajaban en las guardias y turnos de controles, no lo respetaron y todos finalmente fueron detectados y confirmados por las escuchas solicitadas en la causa”. Los cuatro investigados son: Orlando Ariel Alfonso (56 y oriundo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires), Francisco Antonio Llorente (64, Paso de los Libres, Corrientes), René Lorenzo Juárez (68, bonaerense de Lanús) y Bernardino Castor Esquivel (51, nacido en Clorinda, Formosa), todos encartados como responsables de los carriles (“canchas” según las escuchas) de los controles en el puente.
Sienra detalló también los procedimientos de fuerzas de seguridad que interceptaron, entre abril de 2016 y agosto de 2017, nueve automóviles cargados con mercaderías, en total cuatro procedimientos y todos en los horarios de los controles de los acusados. Es decir, cada hecho fue conexo con las escuchas y las demás pruebas colectadas, sin soslayar el relato durante el debate de los integrantes de Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Gendarmería y Policía de Misiones, que participaron de cada uno de los procedimientos en varios puntos de Posadas.
La querellante resaltó que la denuncia del jefe de la zona aduanera entonces, Fernando Garnero, ante la Justicia Federal de Posadas, fue el puntapié para que se determinaran los sospechosos y los roles de cada uno. En el caso de Castor Esquivel y Llorente como jefes de turnos y Alfonso y Juárez como los agentes en los carriles que dejaban pasar automóviles con mercadería hasta en todos los lugares posibles.
Los “e-books” libros de guardia y los registros de las pólizas aduaneras también resultaron clave para la acusación. “Libros con días en lo que no se recaudaba nada prácticamente en los turnos de los acusados. En blanco o recaudaciones mínimas. Cuando los jefes y guardas eran otros, los montos eran diez veces mayores y constantes. Por una zona aduanera en la que transitaban a diario 35 mil personas, 8.700 personas por turno”.
Sumó peso a la calificación, al describir y señalar que Alfonso y Juárez facilitaban a los grupos de paseros las planillas con los días y horarios y quiénes -de los “jugadores de primera”- concurrirían en cada “cancha” o carril de control de ingreso, cuatro en total.
“Conformaban una asociación ilícita con pluralidad de planes delictivos (..) un acuerdo de voluntades explícitas e implícitas. Voluntad y habitualidad de la asociación para delinquir quedaron probadas”, enfatizó Sienra pero también agregó: “No le preguntaban a los paseros ni siquiera qué traían o iban a traer, daba igual armas, drogas, electrónica, cigarrillos o armas”.
Y lo habrían permitido mediante “los actos corruptos como el cohecho”. “El daño es inestimable”.
Sienra pidió siete años de prisión e inhabilitación total como funcionario para Castor Esquivel, como miembro de una asociación ilícita, incumplimiento de deberes y autor de cohecho (coimas).
Para Alfonso amplió la calificación sumándole un hecho de contrabando que ya tiene un pasero imputado que firmó un juicio abreviado, pero solicitó seis años de cárcel. Respecto a Llorente el pedido fue de cinco años y para Juárez de cuatro. Exigió el decomiso a los cuatro, de bienes y para reparar el daño al Estado nacional el descuento del 20% de los sueldos actualizados a la fecha por cada mes que insumió la investigación hasta la detención de los cuatro, en octubre de 2017, ordenada por la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata. También reclamó la totalidad de viáticos de las guardias extraordinarias que realizaron.
Solicitó que se investiguen dos números telefónicos que surgieron en las escuchas y mensajes de celulares a los investigados para determinar quiénes fueron los que informaban a los aduaneros y paseros de los controles que las fuerzas federales y provinciales cumplían en los alrededores del puente detrás de contrabandistas. También se giren copias del debate para que se analicen las posibles responsabilidades de más agentes aduaneros mencionados y cuyos nombres se desprenden del expediente.
La fiscal Barbosa fue puntillosa a su turno pero con un arranque directo: “La sospecha en esta causa se transformó en certeza (…) fueron actos de corrupción de los cuatro aduaneros involucrados”.
“Cometieron cohecho pasivo con la ausencia de control o aparente control en el puente”.
Recalcó que los acusados no eran nuevos en su labor: Castor Esquivel ingresó a la Aduana en 1986, Juárez en 1980, Llorente en 1986 y Alfonso en 1993.
Describió las cuatro causas por contrabando que se iniciaron con los controles de las fuerzas de seguridad mencionadas: “Fueron ocho paraguayos y un argentino que pasaron por el puente sin ser controlados”. Existió para la fiscal “un acuerdo criminal” y quedó el dolo acreditado: “Cada uno contribuía a la organización, con conocimiento y voluntad de ser miembro de una asociación ilícita (…) Cada uno de ellos eligió participar y no aplicar la ley que debían aplicar”.
Y resaltó las pruebas, precisamente, de cada protagonista ya propias del expediente y los testimonios del debate”.
Barbosa puso en evidencia el daño causado al Estado con la modalidad de contrabando. Aseguró que de los nueve vehículos que fueron detectados tras cruzar sin verificación durante la investigación se produjo una pérdida de impuestos “por 157.590 dólares”, en dos meses.
