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Inflación: casi 7 de cada diez argentinos ya no cree en los datos oficiales del INDEC

4 de cada 10 encuestados califican como mala o muy mala su situación económica individual, según una encuesta.

25 agosto, 2025

En un clima de creciente malestar social, una reciente encuesta reveló que casi 7 de cada 10 diez argentinos creen que los datos oficiales de inflación no reflejan lo que ocurre en sus bolsillos. Para la mayoría, el costo de vida sigue subiendo y el salario cada vez alcanza menos para cubrir los gastos básicos.

La encuesta realizada por la Consultora Zentrix muestra que, aunque la gestión nacional intenta instalar un relato de desaceleración de precios, la población vive otra realidad: subas constantes en alimentos, transporte y servicios, combinadas con salarios que no acompañan.

El resultado es un clima de malestar generalizado, que se traduce tanto en desconfianza hacia el gobierno de Javier Milei como en un creciente pesimismo sobre el futuro económico del país. De acuerdo a Zentrix, en la tercera semana de agosto, sobre una muestra de 1.029 casos a nivel nacional, el 67,4% de los encuestados sostiene que la inflación oficial medida por el INDEC no refleja el aumento real de su costo de vida. Este porcentaje subió 10,7 puntos respecto a julio, lo que marca un deterioro en la confianza en las estadísticas oficiales.

 

Malestar con la situación económica personal

El malestar social no solo se traduce en la percepción sobre los indicadores, sino también en la situación individual de los encuestados. Según el relevamiento, el 40,5% considera que su economía personal es “mala o muy mala”.

Aunque la cifra bajó 2,1 puntos porcentuales respecto a julio, sigue mostrando que 4 de cada 10 argentinos enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes. La combinación de salarios estancados, subas constantes en bienes esenciales y el deterioro del poder adquisitivo configuran un escenario en el que la mejora resulta poco perceptible.

Para amplios sectores, los pequeños retrocesos en la estadística no alcanzan a compensar la experiencia diaria de subas en alimentos, transporte y alquileres.

 

Pesimismo sobre el rumbo

Más allá de la mirada individual, la evaluación sobre el rumbo general de la Argentina se volvió todavía más crítica. El 64% de los encuestados califica la situación nacional como “mala o muy mala”, un salto de 11,2 puntos porcentuales en comparación con julio.

En otras palabras, casi 2 de cada 3 argentinos cree que el país está peor que hace apenas un mes.

Este dato refleja que, aunque algunas percepciones personales se mantienen relativamente estables, la visión colectiva sobre la marcha de la economía se agrava. La desconfianza hacia el Gobierno y el descreimiento en sus políticas económicas alimentan una sensación de pesimismo general, en un contexto donde la mayoría identifica a la clase alta como la principal beneficiaria de las medidas oficiales.

Esta percepción refleja una lectura crítica extendida sobre la orientación distributiva de las políticas actuales y refuerza el clima de malestar respecto a la equidad en el reparto de costos y beneficios.

 

Adolescentes y la falta de plata

A más de seis de cada diez estudiantes argentinos de 15 años (el 63%) les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría después del último año de la secundaria.

Este es el resultado de un flamante estudio elaborado por Sandra Ziegler (FLACSO), María Sol Alzú y Víctor Volman (Argentinos por la Educación).
Del trabajo surge que los chicos sienten que las restricciones económicas limitan su horizonte de aspiraciones y pueden llevarlos a adelantar la inserción laboral o postergar su formación.

Esta preocupación económica asciende al 67% entre los chicos de menor nivel socioeconómico y se reduce al 55% entre los de sectores favorecidos. Vale recordar que en los países de la OCDE, es del 52%.

Los autores analizaron las respuestas de los estudiantes argentinos de 15 años en el cuestionario de PISA 2022 sobre bienestar, orientación y expectativas de futuro.

El informe del Proyecto Internacional de Evaluación de Habilidades sobre Lectura, Matemáticas y Ciencias examina cinco dimensiones: el nivel de información que los estudiantes dicen tener sobre sus opciones después de la escuela, la utilidad percibida de la escuela para el trabajo y para ganar confianza en la toma de decisiones, la presión familiar y las limitaciones económicas para hacer lo que les gustaría al terminar la secundaria.

El 65% de los estudiantes argentinos se siente bien informado sobre las opciones educativas o laborales luego de terminar la escuela.

En ese sentido, el informe resalta la necesidad de fortalecer los dispositivos escolares de orientación, para accionar sobre todo en el último tramo del secundario.

Según tres de cada cuatro estudiantes (76%), la escuela les enseñó cosas que podrían ser útiles para el trabajo: la gran mayoría piensa que hay un vínculo entre lo aprendido en la escuela y su futura inserción laboral. Además, el 64% considera que el colegio los ayudó a tener confianza para tomar decisiones.

 

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Tags: #economíaArgentinaConsultora ZentrixINDEC
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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