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La Nación evalúa bancarizar líneas de asistencia alimentaria

En Misiones más de 1.600 personas sin cobertura de salud forman parte del padrón para acceder a módulos de productos sin gluten que cubran gastos extra de su canasta básica.

1 agosto, 2025
COSTOS. “La celiaquía es una enfermedad muy cara, hay que buscar alternativas para comer rico y saludable”.

COSTOS. “La celiaquía es una enfermedad muy cara, hay que buscar alternativas para comer rico y saludable”.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de bancarizar programas de asistencia alimentaria como el Programa de Atención Integral al Celíaco, que actualmente entrega módulos de alimentos a personas con celiaquía que no cuentan con cobertura de salud para costear los gastos extra que implica su alimentación. El formato adoptado sería similar al de la Tarjeta Alimentar, bajo la línea de “evitar intermediarios” que plantea el Ejecutivo.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Fernando Meza, indicó a PRIMERA EDICIÓN que el último desembolso de la Nación destinado a estos programas de contención se realizó a fines del año pasado y que, desde entonces, la Provincia sostuvo la distribución de los módulos a la espera de la decisión del Gobierno nacional.

 

Bancarización

Según precisó Meza, el programa de asistencia alimentaria destinado a personas celíacas contaba con un financiamiento dual entre la Provincia y la Nación, que en el último tiempo cedió. “Lo que vivimos es una retirada progresiva del Estado nacional con respecto a ciertas políticas, sobre todo de acompañamiento”, afirmó el ministro.

El funcionario de Desarrollo Social mencionó que desde el Ejecutivo nacional plantean cambiar la modalidad de asistencia y destinarla directamente a los beneficiarios a través del depósito de dinero en una cuenta bancaria. “Es algo que Nación está analizando, todavía no tenemos una contestación definitiva acerca de la decisión, pero la Provincia se ha hecho cargo de la entrega de módulos para al menos intentar cubrir un porcentaje alimenticio mínimo”, indicó Meza.

Respecto al posicionamiento del Gobierno provincial sobre esta decisión, mencionó: “En principio no estamos de acuerdo, no podés desentenderte de la trazabilidad, de que esa transferencia bancaria se concrete en la compra de alimentos. A través de la entrega de módulos tenemos la seguridad de que las personas celíacas consumen esos productos, esa es nuestra mayor distancia hoy con la decisión de la Nación”.

De concretarse la medida, confirmó que será materia de análisis en la provincia. “Es algo que tendré que conversar con el Gobernador y el Ministro de Hacienda para ver qué contrapartida va a hacer la Provincia, si sigue sosteniendo los módulos alimenticios o si es suficiente la cobertura con esa bancarización”, afirmó Meza.

Y sobre el diálogo con la Nación indicó que las reuniones se realizan con la Secretaría de Niñez, a cargo de las funciones de Desarrollo Social tras la reestructuración de ministerios que llevó adelante la gestión nacional.

“La única y la última entrevista que tuvimos con la ministra Pettovello (a cargo de Capital Humano) fue el año pasado en el mes de noviembre, cuando convocó a los ministros de Desarrollo Social a una mesa de trabajo donde todas las provincias planteamos la necesidad de mantener algunos programas vigentes”, cerró Meza.

 

Programa provincial 

La subsecretaria de Acción Social, Anahí Repetto, completó el panorama de asistencia al precisar que el Programa de Atención al Celíaco funciona a través de dos modalidades: la entrega mensual de alimentos y talleres de cocina.

En ese sentido, comentó que “la ley establece que las obras sociales tienen que cubrir un porcentaje de la canasta básica porque se entiende que para la persona celíaca el alimento es el medicamento”.

En detalle, el porcentaje de cobertura obligatoria establecido es el 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Este monto se actualiza cada seis meses (la próxima actualización será el 26 de octubre) según la CBA vigente (actualmente, $44.108).

El módulo de alimentos que entrega la Provincia, a través de los municipios, incluye arroz, fideos sin gluten, leche, premezcla, lentejas, almidón  y otros productos.

Los talleres de cocina se desarrollan hace por lo menos 6 años y ya se realizaron en más de 20 municipios. “Hay buena participación, no son talleres cerrados a los titulares de derecho. A veces asisten familiares o muchas personas que tienen ganas de aprender para emprender y empezar a conocer este campo poco explotado que tiene mucha demanda”, aseguró.

 

Tags: #saludalimentosArgentinaAsistencia alimentariaNación
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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