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El Pocito: “No queremos cerco perimetral ni un acuerdo de palabra”

El cacique recordó que la comunidad está hace muchísimos años en esas tierras y tiene carpeta técnica del relevamiento territorial desde 2015 y “el señor Strieder vino hace dos años”.

26 julio, 2025
CERCO. Tras la denuncia de la comunidad, no volvieron a colocar los postes.

CERCO. Tras la denuncia de la comunidad, no volvieron a colocar los postes.

La comunidad guaraní El Pocito no está para nada conforme con la propuesta realizada por Javier Strieder, el hombre que tiene el título de propiedad de una parte de las tierras que hace varias décadas ocupan las familias mbya y que ahora quiere desmontar y cercar para criar ganado.

 

“Estas son nuestras tierras desde hace muchísimos años y en 2015 hicieron el relevamiento territorial en El Pocito, donde quedó asentado el uso cultural, educativo y medicinal que tiene el montecito para nuestra comunidad. Pero hace dos años, apareció el señor Strieder y dice ser el propietario”, indicó a PRIMERA EDICIÓN el cacique Crispín Benítez.

 

Vale recordar que el miércoles pasado tuvo lugar en la Municipalidad de Capioví una reunión conciliatoria entre los guaraníes y Strieder, donde participaron el director de Asuntos Guaraníes Francisco Rodríguez y el intendente Ramón Arrúa quien, antes de entrar, declaró su apoyo a la propiedad privada en detrimento del derecho ancestral aborigen.

En esa reunión, según contó Rodríguez, Strieder ofreció a la comunidad cederles las 10 hectáreas donde tiene plantaciones de yerba mate para su uso comunitario a cambio de poder cercar las 23 hectáreas en conflicto (el montecito) para pastura de ganado.

“Para empezar, lo quieren hacer todo como un acuerdo de palabra… Strieder habla de no poner alambrado en el lote de esas 10 hectáreas pero en realidad para él ni para nosotros no significa ningún cambio, pues él seguiría cosechando su yerba y nosotros hace años que usamos ese lugar. En cuanto al montecito, Strieder dice que necesita poner cerca para que no se le escapen los animales, pero ese montecito es importante para nuestra comunidad… ahí recolectamos nuestra medicina, también cazamos y enseñamos a hacer trampas a nuestros hijos, buscamos insumos para nuestras artesanías”, explicó Benítez.

 

“Tenemos carpeta técnica desde 2015”

Para el cacique, el Estado es el que tiene que ocuparse de arreglar este conflicto, “porque entre las partes nunca vamos a llegar a un acuerdo; Strieder quiere las tierras para el ganado y nosotros para poder seguir criando a nuestros hijos y enseñarles nuestra cultura. El territorio de El Pocito fue relevado por el Estado en 2015 y queremos los papeles… ya no queremos que nadie nos prometa nada de palabra, no nos alcanza que alguien venga a decirnos que nos ceden de palabra para que ocupemos la tierra”.

Benítez aclaró que “nosotros no queremos los tres lotes que Strieder dice ser propietario, solo el montecito que son alrededor de 23 hectáreas”.

Advirtió que la intención del hombre es poner cerco perimetral hasta el arroyo “para nosotros no será lo mismo, porque ya no podremos transitar libremente como lo hicimos durante muchísimos años”.

La comunidad El Pocito tiene en agenda esta semana una reunión general para discutir la propuesta y llevar una respuesta a la próxima reunión conciliatoria, prevista para el 4 de agosto.

Tags: #TierrasCapiovíConflictoEl PocitoGuaraníesJavier StriedermbyaMisiones
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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