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Comercialización y normativas: analizaron la situación de aves en la provincia

Hubo un debate más amplio sobre los vacíos normativos y la necesidad de establecer criterios claros respecto a la tenencia, trazabilidad y control sanitario de estas especies áreas. El encuentro surgió a partir de una denuncia recibida sobre una agroveterinaria de Oberá que comercializaba cotorras verdes.

14 julio, 2025

Con la participación de autoridades provinciales, organismos ambientales, representantes de las Fuerzas de Seguridad y organizaciones, el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de Misiones llevó a cabo una reunión de trabajo para analizar la situación actual en torno a la comercialización de aves silvestres, especialmente ejemplares de Myiopsitta monachus (cotorra verde), en la provincia de Misiones.

El encuentro surgió a partir de una denuncia recibida sobre una agroveterinaria de Oberá que comercializaba este tipo de ejemplares.

Durante el procedimiento, llevado adelante por la Dirección de Fauna del Ministerio de Ecología en conjunto con la División de Medio Ambiente de la Policía y el centro de rescate Ohana, se constató que las aves contaban con la documentación correspondiente: guía de tránsito proveniente de Corrientes y certificados sanitarios.

En ese contexto, se labró el acta correspondiente y no se detectaron infracciones por parte de la veterinaria involucrada.

Sin embargo, la situación generó un debate más amplio sobre los vacíos normativos y la necesidad de establecer criterios claros respecto a la tenencia, trazabilidad y control sanitario de estas especies.

Si bien la cotorra verde es una especie nativa en algunas regiones, en otras provincias es considerada exótica invasora y su control está autorizado.

En este caso, los ejemplares eran de criadero, por lo cual no requieren una protección especial, aunque su comercialización debe cumplir con las normativas vigentes.

Durante la reunión se destacó que, para ser legal, la tenencia y comercialización de estos animales debe estar respaldada por un certificado de origen, certificado sanitario y permiso de ingreso emitido por el Ministerio de Ecología, además de contar con identificación individualizada.

Asimismo, se subrayó que el vendedor no estaba inscripto en el Registro de Operadores de Fauna de la Nación y figuraba en AFIP (ahora ARCA) como comercio de animales domésticos, lo cual representa una irregularidad.

Desde la Policía Ambiental se planteó la necesidad de contar con un protocolo de actuación claro, que ordene la intervención de cada organismo ante la detección de delitos vinculados al tráfico ilegal de fauna.

El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl propuso avanzar en una reglamentación específica para la comercialización de animales, atendiendo a la problemática del hacinamiento, el tráfico ilegal y los riesgos sanitarios.

Por su parte, Jerzy Zakidalsky, responsable del área jurídica del Ministerio de Ecología, recordó que si bien los registros de comercios son competencia municipal, el control de las especies silvestres es responsabilidad provincial.

Finalmente, se acordó trabajar en la generación de herramientas y marcos normativos que permitan a cada organismo cumplir su función de manera efectiva, asegurando la trazabilidad de los ejemplares, la salud de los consumidores y la conservación de la fauna silvestre.

Necesidades

Los participantes coincidieron en que “existen grises importantes en la legislación” que deben ser clarificados en torno a la tenencia, trazabilidad y controles sanitarios de las aves.

Tags: AvesComercializaciónnormativa
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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