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Redujeron la pena del misionero condenado por el crimen de un bibliotecario en Corrientes

El Tribunal de Santo Tomé fijó en 21 años la condena a Enzo Iván Rodríguez, tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordenó revisar la sentencia por no haberse valorado adecuadamente los abusos sufridos por el acusado en su infancia.

2 julio, 2025
Foto: gentileza Urgente Santo Tomé

Foto: gentileza Urgente Santo Tomé

El Tribunal Oral Penal de Santo Tomé dictó  una nueva condena de 21 años de prisión para Enzo Iván Rodríguez, el joven oriundo de Oberá que fue hallado culpable del asesinato del bibliotecario Julio Jesús Espíndola, ocurrido en abril de 2023. La decisión se tomó luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) revocara parcialmente el fallo anterior y ordenara la realización de un nuevo juicio, con el objetivo de que se valoraran debidamente elementos del contexto personal del acusado.

Rodríguez había recibido una pena de 22 años de cárcel en julio de 2024, bajo la acusación de homicidio simple y hurto. Sin embargo, a comienzos de este año el máximo tribunal provincial consideró que los jueces originales no ponderaron con suficiente profundidad un elemento central: el historial de abuso sexual infantil que el acusado habría sufrido en su adolescencia.

Según informó el portal Urgente Santo Tomé , atendiendo a esa observación, el nuevo debate oral fue encabezado por los jueces Arsenio Moreyra, Marisol Ramírez y María Domínguez, quienes resolvieron reducir la pena a 21 años, manteniendo la calificación del delito pero incorporando al análisis el impacto psíquico derivado del trauma sufrido por Rodríguez.

El crimen que conmocionó a Santo Tomé

El caso tuvo fuerte repercusión en la ciudad de Santo Tomé. La noche del 8 de abril de 2023, Julio Espíndola, un bibliotecario muy conocido en la comunidad, fue encontrado sin vida en su vivienda. La investigación apuntó rápidamente a Enzo Iván Rodríguez, quien se había alojado en su casa en los días previos. Además del homicidio, se lo acusó del hurto de pertenencias de la víctima.

En el mismo proceso fue condenado Carlos Javier Melgar, quien recibió una pena menor por el delito de encubrimiento. Según la defensa de Rodríguez, Melgar habría tenido un rol clave en el pasado del acusado, ya que estaría vinculado al presunto abuso sexual sufrido por éste cuando tenía 13 años.

Durante el primer juicio, la fiscalía logró imponer la figura de homicidio simple, descartando la existencia de circunstancias extraordinarias. La defensa, en cambio, planteó la existencia de factores atenuantes derivados del historial traumático del imputado, apoyándose en informes psicológicos y sociales presentados durante el proceso. El tribunal sentenciante, sin embargo, no le dio relevancia suficiente a ese punto.

Un nuevo juicio con un giro en la valoración

En mayo de este año, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que esa omisión constituía un error grave, ya que los antecedentes personales del acusado —especialmente aquellos vinculados a abusos en la infancia— debían ser considerados al momento de fijar la pena. Aunque no se puso en duda la autoría del crimen, se dispuso anular parcialmente el fallo y remitir el caso a Santo Tomé para un nuevo juzgamiento en lo que respecta a la determinación de la pena.

El tribunal local retomó el expediente y, tras un nuevo análisis, dictó una pena de 21 años de prisión para Rodríguez, reduciendo un año respecto de la condena original. En la resolución se menciona como atenuante el daño psíquico derivado del abuso que sufrió el acusado durante su adolescencia, considerado como un factor que pudo incidir en su conducta al momento del hecho.

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Tags: criemnPolicía de MisionesPoliciales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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