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Revés para el Tribunal Penal 1 de Posadas: el STJ condenó a prisión perpetua al femicida de Antonella Bernhardt

El máximo órgano judicial de Misiones hizo lugar al recurso del fiscal y revirtió la pena de 20 años impuesta al acusado, al considerar probado que el crimen de Rocío Antonella Bernhardt fue un femicidio cometido con violencia de género.

26 junio, 2025

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, condenó a prisión perpetua por femicidio al fotógrafo Cristian Daniel Vargas por la muerte de Rocío Antonella Bernhardt.

El STJ analizó la casación interpuesta por el fiscal del Tribunal Penal 1 de esta capital, Martín Alejandro Rau y modificó la sentencia que los jueces Viviana Gladis Cukla, Gustavo Arnaldo Bernie y Ángel Dejesús Cardozo, firmaron el lunes 13 de noviembre de 2023 una pena de 20 años de prisión por homicidio simple para Vargas.

El primer voto del fallo, dividido, correspondió al ministro Juan Manuel Díaz, quien esgrimió fundamentos en dirección a que Antonella fue víctima de un “homicidio agravado por femicidio”. El voto fue adherido por Cristian Marcelo Benítez, Cristina Irene Leiva, María Laura Niveyro, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset y Ramona Beatriz Velázquez. La presidenta del STJ, Rossana Pía Venchiarutti Sartori y Froilán Zarza se inclinaron por sostener el fallo de 20 años por homicidio simple.

Vale recordar que, los tres integrantes del TP-1 decidieron que Rocío Antonella Bernhardt de 27 años fue víctima de “homicidio simple” el 4 de abril de 2019 en Posadas en un departamento de la chacra 179 de Posadas y condenaron a Vargas (34) por la califición prevista en el artículo 79 del Código Penal Argentino.

En sus alegatos del debate realizado en el Palacio de Justicia de Misiones, la Fiscalía y Querella (encabezada por Maurio Fausto Vergara) pidieron perpetua por femicidio, artículo 80, inciso 11.

Tanto Rau como Vergara recurrieron el fallo en el que los jueces no percibieron violencia de género en el crimen.

La coartada del fotógrafo de 33 años durante el juicio fue que no tuvo “intención de matar a Antonella”, quiso quitarle el cuchillo con dientes (tipo tramontina) de la mano izquierda y que “de manera accidental” se le clavó en el cuello atravesando la laringe y cortarle la arteria carótida.

La misma coartada habría convencido a los jueces que Antonella cayó al piso y se golpeó la cabeza dos veces por los dos “tapes con la mano abierta” en la oreja izquierda que le propinó en la misma acción defensiva Vargas y que le dejaron sendas lesiones con fuertes hematomas y hemorragias en el cráneo.

Para el TP-1, los relatos del acusado habrían sido más creíbles que los brindados por las cinco mujeres que declararon y ratificaron sus relatos en la instrucción de la causa, llevada a cabo por el juez Fernando Luis Verón y la fiscal Adriana Marcela Verónica Herbociani.

Gracias a las vecinas de Antonella, la mujer que le alquilaba el departamento y una cuidadora de personas con discapacidad, Cristian Vargas fue identificado y atrapado rápidamente porque alertaron de los golpes en el departamento 1A de la calle Comandante Miño 980 en la chacra 179 (frente a la bahía El Brete) e intentaron rescatarla con vida pero también, una de ellas, lo grabó con un celular simulando una charla con la víctima cuando ya no tenía signos vitales y él solo quería alejarse del lugar para buscar su impunidad.

Pero, del total de cuatro declaraciones que dio Vargas (una en el expediente y tres en debate), tampoco habrían alcanzado el cúmulo de probabilidades hasta considerarse certezas, los informes de los forenses del Superior Tribunal de Justicia y de los peritos informáticos dependientes también del mismo máximo escalón judicial provincial.

El fiscal Martín Alejandro Rau detalló en su acusación en base al expediente y lo recogido en el recinto. Se apuntaló en las evidencias del expediente para internarse hasta en la conducta del acusado.

Resaltó el análisis de la psicóloga Florencia Dinnin Roldán Delpiano, quien señaló a Vargas como un hombre con características de “manipulación y simulación”, no tolerante “a la frustración”, entre otros conceptos. Repitió el fiscal lo dicho por acusado en cuanto al por qué borró el video que precisamente le iba a garantizar su coartada: “Formateó el celular de Antonella porque contenía lo que la mayoría de los hombres no quieren que sus parejas se enteren, dijo Vargas”.

Lo remarcó como ejemplo de la conducta y pensamiento que tenía el fotógrafo. El video de discusión nunca apareció, y los peritos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del STJ abrieron el celular de la víctima y recuperaron todo el material posible con el software que utilizan los investigadores de países desarrollados y, el video del acto sexual consentido que Vargas asegura mantuvo con Antonella, no estaba.

Pero Rau se apoyó con imágenes de la Policía Científica volcadas al expediente de la escena del crimen, aún con el cadáver en el lugar y destacó un detalle más: sobre la mesita de luz de la cama una carpeta tejida a crochet tenía encima frascos de pintura de uñas y sobre ella estaba apoyado el velador de madera que Vargas asegura se cayó en el forcejeo y se partió en tres partes.

El tejido, llamativamente no se movió un milímetro y el cráneo de Antonella tenía dos heridas de golpes extremos en la base parietal izquierda, además del hematoma a la altura de la oreja, también del lado izquierdo.

Rau solicitó a los jueces Cukla, Bernie y Cardozo que no se apartaran del proceso de deconstrucción cultural y social: “Falta la deconstrucción judicial respecto a la violencia de género. Les toca hacer su parte, cumplir con la Constitución, con la sociedad y que no haya ni una Antonella menos, nunca más”.

El STJ se lo recordó también a los jueces del Tribunal Penal 1, modificó la sentencia y ahora Vargas deberá cumplir 35 años de prisión efectiva.

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  • Para el Tribunal 1 la muerte de Antonella de un cuchillazo en el cuello no fue femicidio

  • Condenaron a 20 años de prisión a Cristian Vargas por la muerte de Antonella Bernhardt
Tags: FemicidioJusticiaPolicialesRocío Antonella Bernhardt
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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