La Justicia federal ratificó la intervención del Partido Justicialista de Misiones, dispuesta por el Consejo Nacional del PJ y rechazó el planteo de nulidad presentado por el exapoderado Fernando Kornuta. Así lo establece una resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, que consideró válidas las razones invocadas por la conducción nacional para intervenir el distrito, luego de meses de parálisis institucional y conflictos internos.
El juez argumentó que la intervención fue legítima, ya que se realizó en el marco de las facultades partidarias y ante una “urgencia institucional” derivada del riesgo de pérdida de la personería jurídico-política del partido en la provincia.
Según el fallo, también se tuvieron en cuenta otros factores graves como la suspensión de autoridades electas, la falta de entrega de documentación partidaria y la existencia de conflictos internos que impedían el funcionamiento orgánico del partido. Aunque inicialmente se cuestionó la falta de notificación formal y de fundamentos explícitos, la posterior ratificación del Congreso Nacional del PJ, el pasado 20 de mayo, subsanó esos aspectos y terminó de convalidar la intervención.
A pesar del aval judicial, la intervención no ha podido tomar pleno control de la sede partidaria ubicada en Posadas. El comunicado firmado por los interventores designados, Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta, denuncia que “referentes del sector con mandato vencido y sus seguidores” han impedido hasta el momento el traspaso efectivo del inmueble y de los atributos institucionales, incluso con el respaldo de fuerzas de seguridad que habrían facilitado su permanencia en el lugar.
La situación ha escalado en los últimos días y desde la conducción designada se solicitó a la Justicia la adopción de medidas concretas que garanticen la restitución del edificio y permitan el funcionamiento normal del partido.
“La resolución judicial aclara que, aunque las intervenciones partidarias deben ser excepcionales, la gravedad de los hechos y el riesgo institucional justificaron plenamente esta decisión”, expresaron los interventores, quienes también cuestionaron los intentos de deslegitimar la decisión del Consejo Nacional. En esa línea, señalaron que la supuesta “irrazonabilidad” de la intervención, alegada por el sector desplazado, fue desestimada por el juez.
El comunicado del PJ Misiones concluye con una convocatoria a la militancia a mantener la unidad, defender al partido y rechazar todo acto que atente contra su organización y funcionamiento.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación institucional del partido en la provincia, en el marco del respeto a los principios democráticos y a la legalidad”, indicaron Rodríguez y Arrieta.
