Productores yerbateros vuelven a organizarse para reclamar medidas urgentes que frenen la crisis del sector. La primera gran cita será el próximo viernes 20 de junio frente a la cooperativa COTAVI de San Vicente, donde se realizará una asamblea abierta de colonos, cooperativas y referentes del sector primario. El encuentro servirá como punto de partida para retomar acciones de protesta y visibilizar la difícil situación que atraviesan tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La convocatoria surge de la mano del dirigente rural y diputado provincial electo por el Partido Agrario y Social, Héctor “Cacho” Bárbaro, quien viene impulsando la creación de un Instituto Provincial de la Yerba Mate (IPYM) como respuesta al vacío regulatorio generado por el desmantelamiento del organismo nacional.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Bárbaro describió un panorama desolador: “No alcanza la plata. Un colono con 20 hectáreas no llega a cubrir sus gastos. Entrega la yerba y cobra a 90 días. Algo tenemos que hacer. El Gobierno provincial tiene que poner el oído”.
La asamblea del 20 de junio buscará reunir no solo a pequeños productores, sino también a representantes gremiales y de entidades rurales, con el objetivo de definir un plan de lucha. Entre las medidas que se barajan, hay dos que concentran adhesiones: una protesta frente a la Legislatura de Misiones para exigir la sanción del IPYM, y una movilización nacional frente a la Casa Rosada para reclamar la reactivación del INYM o una solución de fondo para la crisis yerbatera.
Un Instituto Provincial
Según Bárbaro, el Instituto Provincial debería cumplir funciones clave que antes correspondían al INYM: “Necesitamos un instituto que fije el precio, limite la plantación y regule. Además, que controle la calidad de la yerba”. En ese sentido, el legislador electo propuso retomar el rol fiscalizador sobre el producto que sale de la provincia: “Nosotros producimos el 90% de la yerba. Podemos controlar la calidad desde Misiones. Después, si la quieren mezclar o degradar en otras provincias, es otra cosa. Pero acá debe salir yerba de calidad”, aseguró.
El dirigente agrario también salió al cruce de los argumentos esgrimidos por sectores del Gobierno provincial que ven con cautela la creación del IPYM. “Dicen que si lo hacemos, Corrientes va a plantar más y vender más barato. Pero para eso tienen que pasar años. Además, no tienen la superficie que tiene Misiones. Peor que ahora no podemos estar. Con el IPYM vamos a estar mejor”, argumentó.
En cuanto al respaldo de las bases, Bárbaro aseguró que el cambio de clima entre los productores es notorio: “Si preguntaba hace dos años, siete de cada diez yerbateros me puteaban y no querían saber nada con un instituto provincial. Pero si pregunto ahora, siete de cada diez apoyan”.
El legislador también señaló que la creación del IPYM no solo beneficiaría al productor, sino que tendría un fuerte impacto positivo en la recaudación provincial y en el movimiento económico de los municipios: “Imaginemos solo 100 pesos más por kilo de yerba. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se derramarían en la economía local”.
Un sector en retroceso
A la vera de los caminos rurales y en las redes sociales, crece el número de chacras con plantaciones de yerba mate en venta. Aunque todavía no es una tendencia masiva, el fenómeno remite a los años 90, cuando la desregulación empujó a miles de pequeños colonos a vender sus tierras, facilitando la concentración en manos de grandes industrias y empresas exportadoras.
La raíz del problema es la pérdida de rentabilidad. Con el INYM desfinanciado y sin poder de intervención, el precio de la hoja verde quedó librado al mercado. Hoy, los secaderos y molinos aprovechan la sobreoferta y la falta de controles para pagar precios por debajo de los costos de producción.
El diputado provincial y contador Cristian Castro aportó cifras contundentes que ilustran el derrumbe del poder adquisitivo del productor: “Hoy un colono necesita más de 266.000 kilos de hoja verde para comprarse una camioneta 4×4. En diciembre del 2023 alcanzaba con 97.000. Es decir, perdió dos tercios de su poder de compra en apenas seis meses”.
