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La capacidad de compra de los argentinos cayó hasta 30% en los últimos ocho años

En el caso de los jubilados, la pérdida llegó al 46% en el mismo período, de 2016 a 2024, según una investigación.

16 junio, 2025

El poder adquisitivo de los argentinos registró un impacto negativo por efecto de la inflación y de los constantes vaivenes económicos entre 2016 y 2024, incluyendo el primer año del gobierno de Javier Milei. La pérdida de capacidad de compra alcanzó al 24% en promedio, acentuándose hasta el 46% en el caso de los jubilados.

El deterioro del poder de compra “particularmente intenso en 2024, refleja no solo el impacto de la inflación y las crisis recurrentes, sino también el fracaso de las políticas de ingresos para proteger el poder adquisitivo de la población”, según un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a cargo de los investigadores, Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente.

“El dato es alarmante: implica que, en términos reales, los hogares hoy pueden comprar casi un cuarto menos de bienes y servicios esenciales que hace ocho años, profundizando las desigualdades y la vulnerabilidad social”, concluye el estudio.

 

Menos canastas

Para medir la capacidad de compra, los investigadores diseñaron un indicador a partir del cual “se calcula la cantidad de canastas (de hogar o individuales) que pueden comprarse con los ingresos corrientes de los hogares y de las personas, tales como salarios y jubilaciones.

“El análisis de la evolución de este indicador a lo largo de la serie que inicia en 2016 permite ver el deterioro de ingresos ocurrido en los últimos años, especialmente en el último año”, apuntaron los técnicos, a cargo del Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social.

Para la población en general, los hogares argentinos pasaron de poder comprar en promedio 2,01 CBT (Canasta Básica Total) en 2016 a solamente 1,52 CBT en 2024, una caída del 24%.

En el período analizado, los hogares no pobres pasaron de poder adquirir en promedio 2,62 a solo 2,29 CBT. Aunque sus ingresos están por encima de la línea de pobreza, su poder adquisitivo también cayó, en este caso un 13%.

La medición de personas, en lugar de hogares, muestra que los asalariados en su conjunto tuvieron en 2024 el poder de compra más bajo desde el inicio de la serie en 2016. En ese año accedían a 2,9 canastas, mientras que en 2024 solamente pudieron comprar 2,1.

La pérdida se intensifica en el caso de los empleos de menor calidad. Los asalariados formales sufrieron una caída de 3,84 a 2,81 canastas (-27%) y los informales de 1,66 a 1,17, con una retracción del 30%.

 

“Colapso sostenido”

Los datos de la investigación de la UBA se vuelven más dramáticos en el caso de la medición de los haberes jubilatorios, siempre utilizando la herramienta de medir la cantidad de canastas básicas que pueden adquirirse.

El informe asegura que hubo “un colapso sostenido de la capacidad adquisitiva de los adultos mayores en Argentina. La serie muestra que los jubilados pasaron de poder adquirir 2,8 canastas básicas en 2017 a apenas 1,5 canastas en 2024, lo cual representa una caída del 46% en términos reales”. Y destaca la “doble vulnerabilidad” de los jubilados: por edad y por dependencia de ingresos fijos no indexados.

 

Cuentapropismo en alza

El informe finaliza su período de estudio en 2024, donde destaca un comienzo de año muy complejo, producto de la devaluación y la disparada en los precios, la cual se fue atenuando a lo largo del año.

Aún con el indiscutible beneficio de la reducción de los índices inflacionarios, los investigadores advierten sobre el impacto que las crisis económicas y los remedios para salir de ellas dejan en los argentinos. 

“El reciente descenso de la pobreza no se ha visto acompañado por un crecimiento en el bienestar y en la capacidad de compra. Si bien se evidenciaron leves mejoras en los ingresos laborales durante 2024, estas fueron desiguales e insuficientes.

La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral”, aseguraron en la investigación.

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Tags: capacidad de compraCrisisJubiladosPoder adquisitivo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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