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“Anarquía vial”: apuntan a la necesidad de una ley de tránsito unificado en Argentina

El presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), Fabián Pons, dijo que el "factor humano" es el principal problema de la "inseguridad vial" que en 2024 dejó más de 4 mil muertos, según datos oficiales.

10 junio, 2025

Este 10 de junio es el Día de la Seguridad Vial, una fecha que invita a reflexionar sobre la situación del tránsito en nuestro país y a renovar el compromiso con la movilidad segura y sostenible.

Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 2024, un total de 4.027 personas murieron en siniestros viales (3.357) en la República Argentina, lo que representa una cifra decreciente en la última década, de acuerdo al informe nacional.

Sin embargo, para muchos, la realidad es otra.  La duda persiste en los datos oficiales -con las provincias como fuentes de información de la ANSV- teniendo en cuenta la “anarquía vial” que se vive día a día en rutas nacionales, provinciales, calles, avenidas, autopistas y autovías del país.

El ingeniero Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM) habló con la FM 89.3 Santa María de las Misiones y criticó la “mediocridad” que existe en los municipios, las provincias y la Nación para aunar datos concretos y coincidentes acerca de la siniestralidad. “Cuando vamos a ver los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que toma como fuente a los datos de las provincias, la mortalidad está bajando, ¿alguien lo cree? Yo no”, apuntó.

“Estamos viendo datos del 2022 donde hubo 4.711 muertos y datos publicados ayer, del año 2024, hablan de 4 mil y piquito. O sea, hicimos todo mal y ¿bajamos un 18% la mortalidad? Seríamos el ejemplo del mundo o los números no son creíbles. Tenemos que sincerar el problema”.

Resaltó que “esto es como el enfermo que niega su enfermedad y la esconde y adultera los datos que salen de los análisis. No sirve engañarnos” sumó y apuntó que todos se pasan la pelota: de Nación a las provincias, de las provincias a los municipios, “hay mucha mediocridad y nadie empieza”, dijo. “Es muy difícil poder salir de esta situación si no se cuenta con una política de estado con una modificación de leyes de raíz”, resaltó.

 

Anarquía vial 

El especialista comentó que en el país existe un “problema de raíz cultural” por la pérdida de los valores culturales y que definen la “inseguridad vial” de hoy. “Las normas de tránsito están basadas en principios culturales de respeto al prójimo: la luz roja no tiene un poder sobrenatural que para a los autos, sino que es un contrato social que indica que cuando hay una luz roja en un semáforo hay que parar, así ocurre con los sentidos de circulación, el no uso de la banquina, etc. Cuando rompemos esos contratos sociales entramos en una anarquía vial”, ejemplificó Pons. 

Reiteró el cuestionamiento al “falso federalismo en el tránsito” entre municipios, provincias y Nación, y apuntó al “factor humano” como principal problema. Para Pons, hay que planificar a corto, mediano y largo plazo pero con “gente idónea” en cada área. “En general, no hay gente idónea que pueda hacer esta planificación, es gente de la política”, apuntó. Entonces, “estamos lejos de encontrar una solución una problemática que tiene múltiples aristas, muchos factores que requiere muchos especialistas en las distintas áreas y eso no aparece”, expuso.

Después, la otra pata del problema es el ciudadano que se rige por su ley: “Yo puedo hacer uso y abuso del espacio público mientras no me toque a mí. Y ese es el otro problema: disfrutamos de la anarquía mientras yo sea el que abusa, pero cuando me siento abusado ahí protesto. Este sistema es así”, criticó.

“Si queremos ir a un sistema de tránsito controlado, respetuoso, tenemos que empezar por respetar las normas”, apuntó y destacó que “si a mí no me gusta que se me crucen adelante o que me molesten, yo tampoco tengo que molestar ni cruzarme adelante ni andar por la banquina, respetar la velocidad de los carriles y tantas otras cosas”.

Una ley de tránsito unificado: otorgamientos de licencias más estrictos, educación y concientización vial 

Para Pons, el primer paso de un proceso a largo plazo es “unificar todos los criterios de tránsito” a nivel país, no federalizar el sistema. “No puede ser que yo para circular por Misiones tenga unos requisitos que sean distintos a los de Córdoba o a los de la ciudad de Buenos Aires. Que el nivel de exigencia para sacar una licencia de conducir sea igual en todos lados, no que haga un cambio de domicilio porque acá es más fácil, o que la VTV existe en un lugar y en otro no, o que los niveles de alcohol son distintos. Eso sirve para recaudar, para hacer multas tontas”, criticó el ingeniero.

“Hay que trabajar fuertemente en educación vial, en concientización pero de primer nivel, no a la antigua, en mucho control, sanciones acordes a las faltas que se cometen, un otorgamiento de licencias mucho más exigentes acompañando los tiempos que corren, cambios en las normativas”, resaltó.

En su visión personal, dijo que primero, en una “tarea titánica”, mandaría un proyecto de ley para modificar la Constitución y que el tránsito esté “unificado”. Hoy, con un sistema federalizado, provincias y municipios tienen el poder de elegir adherirse o no a las normativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como ocurrió hace poco con la licencias. “Es un aquelarre”, dijo Pons.

Como segunda medida, “trataría de rodearme de la mejor gente que encuentre en cada área para poder trabajar en lo que es educación vial: trataría de buscar al mejor pedagogo de la Argentina y le enseñaría seguridad vial, pero que haga contenidos pedagógicos que sirvan y lo haría obligatorio en la currícula de todas las escuelas”, comentó y además, “tendría un sistema de otorgamiento de licencias de conducir muchísimo más exigente que el actual, copiando modelos que ya existen”, dijo, ejemplificando el modelo australiano como exitoso y de su agrado.

Luego, “empezar a trabajar en concientización de segundo o tercer nivel, en modificar leyes que son tontas o que son de cumplimiento imposible o que son solamente declamatorias. Si yo hago una ley que no puedo controlar, es letra muerta. Entonces, no es cuestión de saturar de leyes, es de tener pocas pero controlables”, destacó el referente en seguridad vial.

 

Controles dinámicos, no recaudatorios 

Por último, Pons se refirió a la implementación de controles dinámicos, al ritmo del tránsito, y no estático o electrónico “que está más referido a la recaudación que a la seguridad vial”, dijo. “No se hacen los controles donde se deben, sino donde podemos hacer caer más giles. Todo ese tipo de cuestiones, hay que trabajarlas al unísono”, apuntó.

Hoy por hoy, dijo, “los controles viales que tenemos son controles administrativos. Pedirte licencia de conducir, seguro y cédula verde, no es un control vial”, advirtió y adicionó que “control vial es otra cosa: ver si tenés el cinturón de seguridad colocado o el casco colocado o si tenés las cubiertas en condiciones o tantas otras cosas”.

“Lo primero que arroja resultados positivos son los controles y lo último es la educación, porque la educación requiere todo un proceso. Ahora, no podemos dejar de educar hoy. Si yo empiezo a educar hoy al chico de 6 años, va a tener una licencia de conducir dentro de 12. Pero no me importa, tengo que empezar a educar hoy, es sembrar semillita por semillita y esperar que florezca”, cerró. 

Tags: #distraccionesaccidentesDatosFM 89.3MuertesSeguridad vialSiniestros vialesUso de celular
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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