El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) informó que no asistirá a las audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el marco de las Etapas II y III de la Red Federal de Concesiones (RFC), que se desarrollarán durante junio y julio en varias provincias del país.
Según el organismo, estas audiencias tienen carácter “no vinculante” y representan “un show montado para simular participación ciudadana”, ya que las decisiones ya estarían tomadas de antemano. “Es una burla y una falta de respeto a los usuarios viales”, expresaron.
Etapas del nuevo esquema vial
La Etapa II se realizará los días 11, 12 y 13 de junio en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo tramos como Sur, Atlántico, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte y Acceso Sur, abarcando 4.400 kilómetros de rutas nacionales y la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.
La Etapa III contempla eventos el 30 de junio, 2, 4 y 7 de julio en Mendoza, Tucumán, Chaco y Entre Ríos, e involucra los corredores Cuyo, Centro Norte y Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral y Noreste, y Mesopotámico Centro.
Duras críticas al sistema de concesiones
Desde el CONADUV reiteraron su oposición total a la Red Federal de Concesiones, que consideran la continuidad de un modelo vial fracasado iniciado en los años 90. Señalan que el sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito” es claramente inconstitucional, ya que se cobra en rutas públicas sin alternativas libres de pago y que ya fueron financiadas por los usuarios a través de impuestos como el de los combustibles.
“El proyecto sólo contempla mantenimiento básico, corte de pasto y señalización, sin ampliaciones ni obras importantes. Se trata de un negocio garantizado para los concesionarios, con casi inversión y riesgo cero, tarifas que podrían aumentar hasta un 200% y la posibilidad de incorporar nuevas estaciones de peaje”, indicaron.
Críticas al Gobierno y a la falta de regulación
El CONADUV advirtió que la implementación de este sistema se realiza sin un marco regulatorio adecuado ni un ente que defienda los derechos de los usuarios, lo que constituye una grave irregularidad en un servicio público esencial. “Se persiste en una política que beneficia a unas pocas empresas en detrimento de la sociedad”, subrayaron.
También cuestionaron la intención de “provincializar” rutas nacionales para permitir el cobro de peajes provinciales y exigieron la rejerarquización de Vialidad Nacional como órgano rector de la política vial, con presencia del Estado en el manejo de las rutas.
Propuesta alternativa
En contraposición al modelo actual, el CONADUV propuso la creación de un proyecto vial nacional sin peajes, financiado con los recursos del impuesto a los combustibles, con el fin de garantizar el libre tránsito, tal como lo establece la Constitución Nacional. Además, reclamaron la convocatoria a una mesa de trabajo con gobernadores, legisladores, intendentes y usuarios viales, para discutir soluciones reales a la crisis del sistema caminero argentino.
“El camino es un bien público. Con peaje en rutas nacionales y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, concluyó el comunicado.
