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Mayoristas denuncian paritarias “a espaldas del sector” y exigen participación en las negociaciones

Más de 200 empresarios de CADAM reclamaron por aportes obligatorios que consideran “costos ocultos” en los convenios de comercio.

8 junio, 2025
mayoristas

Más de 200 empresarios de todo el país participaron en el Observatorio organizado por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que se llevó a cabo en Pilar, donde expresaron su fuerte malestar por la exclusión del sector en las negociaciones paritarias que definen los costos laborales de sus empresas.

Según manifestaron, los acuerdos salariales se cierran en ámbitos “cerrados” y sin participación real de quienes sostienen más de 10.000 puestos de trabajo en el país. “Se juntan cuatro amigos a cerrar paritarias y meten aubeneficios encubiertos y costos ocultos que recaen sobre nuestras espaldas”, se quejaron durante el encuentro, que contó con la participación de consultores políticos y económicos.

Los empresarios señalaron ejemplos concretos de estos costos “invisibles”, que, según denuncian, siguen vigentes pese a haber perdido sentido o no responder al interés del trabajador. Entre ellos, se mencionó la contribución solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, que se implementó en abril de 2021 en plena pandemia, pero continúa vigente. El monto, que hoy asciende a $5.500 por empleado, se cobra incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social.

También cuestionaron el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que alcanza los $4.725,02 por empleado. “Hablan de capacitación y resulta que después dijeron que se usa para sostener cámaras empresarias. Entonces, ¿es capacitación o es financiamiento?”, reclamaron. En este punto, celebraron la decisión del gobierno nacional de modificar este esquema a través del Decreto 149/2025, que a partir de este mes vuelve voluntaria esta contribución. El fondo, explicaron, es administrado por gremios empresarios que firman paritarias, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Otro punto de tensión fue el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella, que representa un 2,5% del salario del trabajador. Este sistema, vigente desde 1993, destina la mitad del aporte a una cuenta individual del empleado, y la otra mitad a un fondo solidario. “Hace 33 años que venimos pagando este seguro y claramente el principal beneficiado no es el trabajador”, señalaron con indignación.

Desde CADAM plantearon la necesidad de rediscutir este modelo y propusieron que esos aportes se incluyan directamente como parte de la remuneración del empleado, para que sea cada trabajador quien decida qué hacer con su dinero.

“El planteo es básico: queremos participar en las negociaciones que determinan nuestros costos. Hoy nos mandan la cuenta desde una mesa en la que no tenemos voz. Es hora de abrir el debate, lograr un sistema más representativo y transparente, y terminar con los privilegios encubiertos que perjudican a empresas y empleados por igual”, concluyeron los representantes del sector.

Tags: #economíaArgentinaCADAMMayoristasParitariasSalarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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