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Misiones se ubicó entre las provincias que más viviendas entregaron en 2024

En un año signado por el recorte de financiamiento nacional, la tierra colorada logró posicionarse entre los distritos con mayor dinamismo en la gestión habitacional: adjudicó 501 unidades, casi el doble de las 294 que hubiera podido construir únicamente con los fondos transferidos por la Ley FONAVI.

8 abril, 2025

Con 501 unidades habitacionales adjudicadas, Misiones se ubicó entre las diez provincias más activas en la política habitacional del año pasado. En un contexto nacional atravesado por recortes en el financiamiento y cambios profundos en la gestión de la vivienda, la Provincia logró mantener el ritmo de ejecución y se destacó por su capacidad para sostener la entrega de viviendas terminadas.

Los datos surgen del relevamiento elaborado por Tejido Urbano, que sistematizó todas las adjudicaciones de viviendas realizadas por los Institutos Provinciales de Vivienda durante el 2024. En total, se entregaron 10.983 viviendas en todo el país, siendo Misiones responsable del 4,56% de ese total.

 

El rol de las provincias

El 2024 fue un año de reconfiguración para la política habitacional en Argentina. Las transferencias nacionales -particularmente las del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), establecido por la Ley 24.464- sufrieron recortes o directamente fueron paralizadas. 

A pesar de esto, provincias como Misiones lograron avanzar con sus planes habitacionales gracias a una combinación de recursos propios, planificación anticipada y gestión territorial.

Según los datos oficiales, el Gobierno nacional transfirió a las provincias un total de $327.070 millones durante el año. Si se calculase cuántas viviendas podrían construirse con ese monto, utilizando un costo promedio de $75 millones por unidad, serían unas 4.361 viviendas. Si se utilizara un costo más optimista de $55 millones por unidad, la cifra ascendería a 5.947 viviendas.

Sin embargo, la cantidad real de viviendas entregadas fue casi el doble de esa última estimación, lo que demuestra que muchas provincias, entre ellas la tierra colorada, aportaron fondos propios o utilizaron otras estrategias para completar obras que no dependieron exclusivamente del financiamiento nacional.

 

El caso de Misiones

En ese panorama heterogéneo, Misiones se posicionó como la séptima provincia con mayor número de viviendas entregadas durante 2024, solo superada por Córdoba (1.773), Santiago del Estero (1.723), Buenos Aires (1.271), San Juan (1.000), Mendoza (685) y Formosa (585). 

Un dato que evidencia la eficiencia en la ejecución presupuestaria de la Provincia es la diferencia entre lo que se podría haber construido únicamente con fondos FONAVI y lo que efectivamente se entregó.

Según los datos del informe, la Provincia recibió $15.349 millones por la Ley 24.464 en 2024, lo que permitiría construir unas 294 viviendas si se considera un costo promedio de $55 millones por unidad. O unas 205 a un valor de $75  millones cada una.

Sin embargo, la cifra real de viviendas adjudicadas fue de 501, lo que implica un superávit de 207 viviendas. 

Este excedente indica que Misiones no solo aprovechó al máximo los recursos nacionales, sino que también aplicó fondos propios o combinó financiamiento alternativo para ampliar el alcance de su política habitacional, consolidándose como una de las jurisdicciones con mayor rendimiento relativo en el país.

 

El mapa federal de la vivienda 

El informe de Tejido Urbano subraya una distribución desigual de las viviendas entregadas a nivel nacional. Córdoba y Santiago del Estero, por ejemplo, representaron juntas más del 30% del total nacional, gracias a una inversión sostenida y a políticas habitacionales bien articuladas con gobiernos locales.

En el otro extremo, provincias como Santa Cruz (6 viviendas), Tierra del Fuego (38), Jujuy (50) y Neuquén (111) no lograron capitalizar ni siquiera los fondos transferidos por la Nación. En el caso de Santa Cruz, la provincia recibió recursos suficientes como para construir 190 viviendas, pero solo completó seis, lo que implica una ejecución del 3,2% del potencial habitacional.

 

Un escenario de transición

El informe también destaca que en muchas provincias la política habitacional se vio afectada por cambios de gestión, auditorías y transiciones institucionales, lo que provocó paralizaciones o demoras en las adjudicaciones.

No fue el caso de Misiones, que mantuvo su ritmo de entrega durante todo el año. Esta continuidad podría haber sido clave para su buen desempeño relativo.

Por otro lado, la eliminación de la Secretaría de Vivienda a nivel nacional y de los fondos fiduciarios que sostenían los programas habitacionales obligó a las provincias a asumir nuevas responsabilidades. 

Este cambio implicó que muchas tuvieran que reforzar sus capacidades técnicas y administrativas para poder continuar con la ejecución de obras y programas.

 

Qué esperar este 2025

Volviendo a Misiones, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) estima hacer entrega de entre 1.000 y 1.500 viviendas en el transcurso de 2025, casi todas con financiación propia de la Provincia.

Entre las localidades beneficiarias de estos proyectos, están Posadas, Oberá, Apóstoles, Leandro N. Alem, San Javier, Wanda, Eldorado, “entre otras”, además de las que están por retomar en Puerto Libertad; según confirmó en su momento a FM 89.3 Santa María de las Misiones, Juan Carlos Pereira, presidente del organismo provincial.

En ese contexto, IPRODHA lanzó en marzo la primera convocatoria del año para la adjudicación de 197 viviendas de madera en el sector 3H del populoso barrio de Itaembé Guazú.

 

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Tags: FONAVIIPRODHAMisionesTejido UrbanoViviendas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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